El ex ‘número dos’ del PSC afronta dos años de cárcel por un enchufe

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de cárcel para el diputado autonómico Daniel Fernández, del PSC, por presionar a una alcaldesa para que diera un puesto de trabajo a una ex alto cargo del tripartito de izquierdas. El fiscal acusa a Fernández de un delito de tráfico de influencias y, además de la pena de prisión, solicita que sea condenado a seis años de inhabilitación para cargo público y a pagar una multa de 108.000 euros.

El fiscal exige las mismas penas para el resto de implicados en una de las piezas del caso Mercurio, que investiga la corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Sabadell: el exalcalde socialista, Manuel Bustos; su hermano y exconcejal, Francisco Bustos, y la alcaldesa de Montcada que, supuestamente, cedió a las presiones, María Elena Pérez. La alcaldesa también está acusada por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), por la que afronta el pago de una multa de 3.600 euros.

Fernández era el secretario de Organización de los socialistas catalanes cuando ocurrieron los hechos. Tras ser imputado, renunció a sus cargos orgánicos en el partido, pero no a su escaño en el Parlament. Aunque el escrito de acusación de la fiscalía le aboca a sentarse en el banquillo, Fernández ha descartado dejar de ser diputado. Sí ha anticipado que, cuando se abra juicio oral contra él y sea firme la decisión, solicitará a la Mesa del Parlament la aplicación del artículo 18 del reglamento para que le suspenda de sus derechos y deberes como diputado. Eso implicará, en la práctica, que no perderá su condición de diputado, pero no percibirá salario ni podrá participar en las votaciones.

El código ético presentado por el PSC hace unos meses prevé la renuncia de los diputados y otros cargos públicos del partido cuando se produzca la apertura de juicio oral.

“Utilizando el cargo que ocupaban y sabiendo de su ilegalidad”, subraya el fiscal, los acusados “se concertaron” para lograr el nombramiento de Carmina Llumà como directora del área territorial del Ayuntamiento de Montcada —un cargo retribuido con 52.000 euros anuales— en detrimento de otra candidata y a pesar de que no había superado las pruebas de selección.

La estrategia empezó en enero de 2012, cuando el exalcalde de Sabadell hizo unas llamadas para informar de que Llumà estaba “en el mercado”. Con el cambio de Gobierno, Llumà había sido destituida del cargo de secretaria general de Política Territorial y era, además, pareja del jefe de los servicios jurídicos de Sabadell. La oportunidad para el enchufe surgió en abril, cuando Montcada publicó las bases del anuncio. La empresa externa que valoró a los candidatos, sin embargo, calificó a Llumà como “no apta” y propuso a otra persona para el puesto.

“Me he quedado muerto”, dijo Bustos a su hermano, al que mandó a hablar con la alcaldesa. El exalcalde buscó también la “preponderancia y valimiento” del diputado: “Llámala, no te fíes porque esta niña es tonta del culo”, le dijo en alusión a Pérez. En una conversación reveladora, el diputado detalla los planes a Bustos: “Que cojan a la empresa y al no apta le quiten el no, ¿vale?”.

Después de recibir llamadas de Fernández y de asistir a una reunión en la sede del PSC, en la calle de Nicaragua, la alcaldesa “interfirió en el procedimiento” y acabó pidiendo a la empresa que rebajara las exigencias. La presión dio sus frutos. El día 29, Francisco Bustos llama a su hermano: “Solo para que lo sepas, lo de Carmina, hoy han firmado el decreto ya se lo han hecho y el lunes empieza a trabajar, ¿vale?”.