La alcaldesa de Elche señala a Costa en la financiación ilegal del PP

La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ha señalado este martes hacia Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y David Serra, que fue el número tres del partido, como responsables de la organización del acto en el que fue proclamada candidata en 2007. Una presentación que corrió a cargo de Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel, y que el juez José Ceres investiga en el marco de la causa abierta por la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos en las elecciones municipales y autonómicas de ese año y en las generales de 2008.

Alonso, que declaraba en calidad de testigo, ha negado haber participado en la organización del acto, que se celebró el 29 de marzo de 2007 y que la policía ha relacionado con una factura de algo más de 42.000 euros de Orange Market. La alcaldesa explicó que en aquel momento no tenía cargos orgánicos en el partido y que esa jornada estuvo muy ocupada porque al acto asistían el entonces presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, y el líder nacional del partido, Mariano Rajoy.

Costa todavía no era entonces secretario general del PP, pero según la investigación ya se encargó de aquella campaña electoral desde la organización del partido. Serra, en cambio, ni siquiera formaba parte de ella.

La edil ha restado importancia a una fotografía en la que aparece sonriente y rodeando con el brazo al jefe de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que los socialistas hicieron pública en 2009 tras sacarla de su cuenta de Facebook. Alonso ha dicho que la foto se la iba a hacer con una tercera persona, que también aparece en la imagen, y que Pérez se puso a su lado.

El fiscal ha interrogado a Alonso sobre otros contratos que la trama consiguió en Elche a través de otras empresas, como Pasadena Viajes, pero la alcaldesa ha asegurado no tener conocimiento de los mismos.

Antes de Alonso ha declarado Clara Abellán, que fue directora general de la Mujer y está imputada por haber intervenido presuntamente en dos contrataciones con la red que fueron fraccionados de forma que se les pudo adjudicar a dedo. Abellán ha apuntado en este caso hacia la exconsejera de Bienestar Social Alicia de Miguel, que dejó su escaño en las Cortes Valencianas el mismo día en que trascendió su imputación en la causa, el año pasado.

Según Abellán, fueron De Miguel y su jefa de gabinete las responsables de contratar a Orange Market para organizarlos. Mietras que ella, que firmó las facturas, apenas habría intervino porque tenía “un pie fuera” de la consejería, de la que se sentía desplazada. Otras fuentes niegan, sin embargo, que Abellán mencionara a la exconsejera en su declaración y sostienen que la ex directora general solo se ha referido en genérico a la consejería.

La red, en cualquier caso, dividó en dos el primer contrato, acto llamado Violencia de género, tolerancia cero, de modo que ninguna de las facturas superase los 12.000 euros, ya que ello hubiese impedido la adjudicación directa. E hizo lo mismo con el acto Punto final, en el que además una de las facturas se puso a nombre de otra empresa de la trama de Francisco Correa, Easy Concept.

El juez del caso Gürtel en Valencia tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos, en la misma pieza por fraccionamiento de contratos en la que está implicada De Miguel, afecta al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. El edil también está imputado por haber fraccionado presuntamente contratos en su etapa al frente de la Consejería de Sanidad. Bataller ha presentado dos recursos de apelación contra decisiones del magistrado instructor en los que acusa a Ceres de violar su derecho de defensa.

El alcalde de Castellón, que si se cumple la promesa de Fabra de que no habrá imputados en las listas de los populares para las elecciones autonómicas y municipales del año que viene puede tener problemas para repetir como candidato, reprocha en sus escritos que el juez no le permita obtener los vídeos de algunas declaraciones judiciales. Y también, que el magistrado haya excluido un testimonio, el del imputado Rafael Peset, de la documentación que ha remitido a la Intervención General del Estado para que elabore un nuevo informe sobre el fraccionamiento de contratos concedidos a las empresas de Correa.