PSE: “Una estrategia equivocada”

El PSE sostiene que la multa representa el fracaso de una estrategia del PNV y del PP desde las diputaciones y amplía el coste de la multa, desde los 30 millones, a más de 50 si se le suman los abogados, múltiples viajes a Bruselas y Luxemburgo, asesorías y el coste de la imagen que ha sufrido Euskadi por este episodio. El PSE ha hecho pública una nota  en la que reclama que "los responsables del estropicio deben asumir su responsabilidad", en vez de "encender polémicas artificiales" entre territorios, después de asumir que se han equivocado durante una larga década en la defensa de unas normativas ilegales.El PSE lo atribuye a "la consecuencia de los errores y la prepotencia" del PNV y el PP al frente de las diputaciones forales. Según ha indicado, ambos "optaron por el peor camino a la hora de resolver el contencioso con la Comisión Europea surgido a finales de los años noventa con los incentivos fiscales a la inversión" de las 'vacaciones fiscales', y eso se constata en el hecho de que la sanción, la más elevada hasta ahora por este concepto no se impone "por la ilegalidad cometida", sino por "la dilación de las diputaciones en cumplir la sentencia firme del Tribunal Europeo de 2006, después de haber ninguneado y mareado a la Comisión Europea, como recogió la abogada general del Tribunal Europeo en la vista oral".

El PSE ha precisado que la Unión Europea "nunca ha cuestionado la capacidad de los territorios históricos de conceder ayudas fiscales a las empresas", ni tampoco el Concierto Económico. "Lo que la Comisión Europea impugnó, y el Tribunal de Justicia de la UE confirmó, es que unos incentivos concretos establecidos en los años noventa por las tres Diputaciones forales, las llamadas vacaciones fiscales, y el crédito fiscal del 45% de determinadas inversiones, se aplicaron vulnerando las normas europeas de competencia y sin comunicarlos previamente a Bruselas", ha indicado. El PSE ha recordado que la Comisión Europea ya estableció en 2001 "la ilegalidad de los incentivos" y, sin embargo, las tres diputaciones, gestionadas entonces por el PNV y el PP y "alentadas" por la patronal Confebask, "en vez de recuperar las ayudas concedidas como ordenó Bruselas, se lanzaron a una huida hacia delante"."Primero, embarcándose en una estrategia de recursos que no han llegado a ningún sitio; y después, dilatando de forma suicida la recuperación de los incentivos, algo que no se empezó a hacer hasta 2011, seis años después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

A los 30 millones hay

Se mareó la perdiz durante mucho tiempo y la jugada nos ha salido muy cara a la ciudadanía vasca", ha censurado. En este sentido, ha advertido de que "no sólo vamos a tener que pagar 30 millones, que nos serían muy necesarios en estos tiempos", sino que "a esa cantidad hay que añadir los millones gastados por las instituciones vascas durante un proceso interminable, los graves perjuicios creados a muchas empresas, que tuvieron que devolver las ayudas recibidas en mitad de la crisis, y el daño que ha sufrido la imagen de Euskadi y sus instituciones en Europa con este episodio"."Los únicos que han ganado, y bastantes millones, son los abogados y asesores contratados por las instituciones", ha subrayado el PSE. Por ello, ha exigido que "los responsables de las Diputaciones Forales que asuman sus responsabilidades en este asunto, que unos tienen más que otros", en vez de tratar de "difuminarlas con maniobras de distracción, como están haciendo los diputados generales". Según ha reclamado, "que al varapalo de tener que pagar 30 millones de euros, tan necesarios para los servicios públicos, no añadan la indecencia de provocar peleas artificiales entre territorios".