Último intento de Marcial Dorado para anular el juicio por blanqueo contra él

El tribunal que juzga al contrabandista y narcotraficante gallego Marcial Dorado por presunto blanqueo de dinero se pronunciará mañana sobre si acepta o no la petición de nulidad del proceso planteada por las defensas de los 16 procesados en esta causa. Si fueran desestimadas todas las alegaciones o se acordara resolverlas en la sentencia, el interrogatorio de Dorado comenzaría previsiblemente mañana, el primero en declarar como principal acusado en el proceso, para el que el Ministerio Fiscal solicita 15 años de cárcel por varios delitos y 40 millones de multas.

La Sala acordó responder a las cuestiones jurídicas planteadas por los abogados y la solicitud de nuevas pruebas, como es el caso de los contratos, ayudas y subvenciones que hayan firmado y recibido las empresas de Marcial Dorado con la Xunta de Galicia y ayuntamientos como el de Vilagarcía y A Illa entre 1990 y 2003, unas de las más llamativas, después de escuchar la larga intervención de la fiscal del caso que desestimó uno tras otro los alegatos de las defensas.

La segunda sesión del juicio continuó a lo largo de esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares y en la misma línea de solicitar la nulidad del proceso y la suspensión de juicio por parte de las defensas, después de denunciar nuevas irregularidades en las actuaciones judiciales que dimanó de la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera por blanqueo de dinero en 2004.

Los cuatro abogados que quedaban por exponer sus consideraciones previas ante el tribunal insistieron en que el escrito de calificación de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional no está motivado y además se ciñe a unos delitos económicos que supuestamente se cometieron desde 1990 y por lo tanto no solo habrían prescrito sino que, además, el derecho penal no contempló el delito de blanqueo hasta 1995.

También se planteó que este tribunal no es competente para juzgar estos hechos sino la justicia suiza donde en la década de los noventa se abrió una causa por lavado de dinero procedente del narcotráfico contra Marcial Dorado, conocida como Peseta Conection, y otra contra él y presuntos testaferros de su entramado en 2004. Por tanto, son hechos ya juzgados y archivados ya que la mayoría de las sociedades intervenidas en este proceso son las mismas que fueron investigadas por los jueces helvéticos.

Es el caso de la sociedad Programallo, considerada la empresa matriz de la presunta trama de blanqueo ideada por Dorado a través de la que se blanquearon casi 22 millones de euros. Su representante legal denunció que algunas de las 13 compañías del entramado no fueron notificadas para ser representadas en este juicio por lo que invocó la vulneración de los principios contradicción y defensa. El defensor del aduanero Eugenio Fontenla, acusado de revelación de secretos, denunció la “ambigüedad e imprecisión de las imputaciones” y considera que fue “tratado discriminatoriamente” por parte del Ministerio Fiscal porque su escrito de calificación no está motivado ni tampoco la denegación de pruebas solicitadas.

Joaquín Ruiz Jiménez se quejó varias veces al tribunal de “la proporción discriminatoria” de pruebas de la defensa respecto a las del Ministerio Fiscal. Denunció que la Sala aceptó 51 testigos entre directos y por comisión rogatoria, mientras de los 32 que solicitaron los representantes de los acusados solo se admitieron 20. “Todos testigos de cargo, de descargo ni uno”, reprochó a l tribunal.

Entre varias llamadas de atención del presidente del tribunal para que concretara las cuestiones previas al juicio, Ruiz Jiménez cuestionó los argumentos del tribunal para denegar la comparecencia como testigo del juez José Antonio Vázquez Taín, el primer instructor de las causas de narcotráfico y blanqueo contra Marcial Dorado. Las defensas consideran que el entonces magistrado de Vilagarcía “actuó sin competencia ni jurisdicción” pero la Sala la vio “innecesaria e impertinente” su presencia en el juicio. En más de una hora de intervención, la fiscal fue rebatiendo todos los alegatos de las defensas, desde la nulidad del proceso por incompetencia del tribunal a favor de Suiza como por presuntas ilegalidades de las escuchas telefónicas. Explicó que los tribunales suizos abrieron unas diligencias contra Dorado y presuntos testaferros de éste, pero finalmente delegaron a favor de la jurisdicción española.

Sobre la declinatoria de jurisdicción, Cristina Toro descartó los argumentos de la defensa porque la primera comisión rogatoria a Suiza fue enviada el 10 de marzo de 2004 desde el juzgado de Vilagarcía de Arousa y los jueces helvéticos abren diligencias para investigar a Marcial Dorado en julio de ese año, a raíz de informaciones periodísticas publicadas tras su detención por narcotráfico.Ironizó sobre las fechas de prescripción que plantean las defensas y que según ella “casi llegan al siglo XIX” y descartó aplicar los principios de la nueva Ley de Justicia Universal que propuso el abogado Gonzalo Boyé, representante legal de las empresas del entramado.