Imputados el presidente del PP en Pontevedra y su mujer por cohecho

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha admitido a trámite la querella presentada por la fiscalía por un presunto delito de cohecho contra el presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa y el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Pazos de Borbén Severino Reguera. El magistrado Juan Manuel Hermo asume así el testigo del fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, para continuar con la investigación y determinar si se fijó un sobreprecio injustificado en el arrendamiento de unos locales de Louzán y su esposa a una empresa de Reguera desde 2008, como denuncia en su querella el fiscal. El ministerio público entiende que ese alquiler a un precio superior a los del mercado, en el barrio vigués de Navia, podría constituir un delito de cohecho continuado por parte del matrimonio Louzán y otro tipificado como impropio, también continuado, del diputado y empresario de panadería.

Los tres imputados acudieron ayer al juzgado, donde se les notificó el auto de admisión a trámite de la querella, en la que se les solicita que aporten varios documentos notariales y bancarios en relación con la compra de los bajos y contratos del alquiler. El juez fijó un plazo de diez días para que los querellados presenten la documentación requerida así como las pruebas para ejercer la defensa como paso previo a su posterior citación para que declararen en el juzgado. Louzán dijo ayer que se mantendrá en su línea de “dejar actuar a la justicia con el máximo respeto” y declinó hacer valoraciones sobre la denuncia del fiscal. El presidente de la Diputación insistió en que se trata de “un asunto estrictamente personal y ajeno a la institución provincial” que preside, y se mostró confiado en “poder aclarar el asunto cuanto antes”, una vez que haya prestado testimonio y su defensa pueda presentar todas las pruebas.

Santaló abrió la investigación en noviembre del pasado año, cuando se recibió en la fiscalía una comunicación anónima en la que se denunciaban los presuntos sobreprecios de los locales situados en la calle de Teixugueiras, en Vigo. Al agotar los plazos legales para seguir las pesquisas, la junta de fiscales acordó remitir al juzgado la investigación y presentar una querella. Después de varios informes requeridos a la Guardia Civil y a la Agencia Tributaria, el fiscal consideró que el precio del arrendamiento que se paga está por encima de la media de los locales del entorno. Un precio sin justificar y que define en la querella como “una dádiva o regalo” del diputado Reguera al matrimonio Louzán y que tipifica como cohecho.

Los bajos comerciales fueron arrendados a la empresa panificadora de Reguera, Bruno Pan, para abrir nuevos puntos de venta y distribución de productos de alimentación en la zona sur de Pontevedra. En la fase de diligencias de prueba, Louzán y Reguera tendrían que desmontar los argumentos del fiscal para que el juez acordase el archivo del caso.