Un juzgado obliga a Calp a expropiar unos terrenos que ocupó ilegalmente

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante obliga al Ayuntamiento de Calp a expropiar los terrenos de un recinto ferial que ocupó ilegalmente en 1999. La sentencia, además, ordena retomar el proceso de expropiación comenzado y anulado por el propio Ayuntamiento. El juzgado censura la actitud municipal, que califica como una “clara desviación de poder”, ya que intentó quedarse los terrenos a través de una permuta cuando el cauce legal apropiado es la expropiación forzosa.

La historia de la finca de la partida Rafol, en el municipio de Calp, se ha convertido en un culebrón. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya consideró en 2009 que el Ayuntamiento, regido entonces por Javier Morató (PP), ocupó ilegalmente unos terrenos durante años, por lo que ordenó que las arcas municipales indemnizaran a los propietarios con 600.000 euros.

Pendiente aún de esta decisión del TSJCV, el Ayuntamiento decidió iniciar la expropiación forzosa de los terrenos que había ocupado ilegalmente. Los dueños de la finca valoraron entonces en 2,4 millones este suelo, situado a más de cinco kilómetros del casco urbano y cercano a dependencias municipales -la finca ocupa más de 15.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento llegó a acondicionar la zona con luz y agua, además de instalar una carpa permanente para 5.000 personas-. La valoración del Consistorio, sin embargo, quedó lejos de esa cifra: 53.000 euros. El propio Ayuntamiento dejó morir el expediente de expropiación. Según fuentes municipales, se ofreció a los propietarios una permuta de terrenos municipales similares al no querer alcanzar el precio pretendido por los afectados.

Recientemente, el juzgado de lo Contencioso decretó nula la caducidad del proceso expropiatorio que dejó decaer el Ayuntamiento. La sentencia afea la conducta municipal y su "deliberada inactividad", según el juez, "para encubrir lo que en realidad no es sino un claro desistimiento del proceso de expropiación".

El fallo condena al Consistorio a la “inmediata remisión del expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante en el plazo improrrogable de 15 días”. Es decir, que ahora deberá fijarse el precio definitivo para la compra del terreno.

El Ayuntamiento, que desde 2011 dirige el popular César Sánchez, recurrirá la sentencia ante el TSJCV al considerar que el municipio “no se puede permitir el gasto que se pide por estos terrenos”, según fuentes municipales.