Un condenado del ‘caso Pallerols’ va a prisión por una pena de siete meses

Vicenç Gavaldà, exsecretario de organización de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), ingresó ayer en la prisión de Brians, en Sant Esteve Sesrovires, para cumplir una condena de siete meses por el caso Pallerols,en un hecho sin precedentes y que tiene mucho de ejemplar. La práctica casi unánime de los jueces cuando se trata de penas inferiores a dos años de cárcel es que el tribunal conceda la remisión de la condena y no se acuerde el encarcelamiento de los condenados. En este caso, sin embargo, la Audiencia de Barcelona se desmarcó de esa actuación y consideró que el hecho de tratarse de un caso de corrupción política justificaba el ingreso en prisión de Gavaldà y del empresario Fidel Pallerols, que irá a dormir entre rejas en los próximos días.

Los dos intentaron evitar la cárcel y reclamaron el indulto, pero el Gobierno se lo negó el pasado mes de abril, al contrario de lo que ocurrió con el llamado caso Trabajo, en que el Ministerio de Justicia sí otorgó la medida de gracia a Josep Maria Servitje, número dos del Departamento de Trabajo que dirigía el consejero Ignasi Farreras. El secretario general de Trabajo fue condenado en aquel proceso a cuatro años de cárcel, también por el desvío de fondos públicos, pero nunca entró en prisión.

Gavaldà y Pallerols, por el contrario, fueron condenados a sendas penas de siete meses de cárcel por el desvío de subvenciones públicas procedentes de los cursos de formación para parados. Después de 14 años de investigación, el caso Pallerols se cerró en enero de 2013 con una sentencia de conformidad pactada entre la Fiscalía y los acusados, que aceptaron penas mínimas de cárcel —inferiores a los dos años— a cambio de reconocer los hechos: que parte del dinero de la Unión Europea acabó en las arcas del partido que dirige Josep Antoni Duran Lleida.

La estrategia de la defensa pasaba por suponer que los jueces actuarían como hacen siempre, pero el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, sin embargo, denegó la suspensión de pena a los condenados “para intimidar a todos aquellos ciudadanos / políticos que pudieran sentirse tentados” por la corrupción y para que “interioricen la necesidad” de ajustar su actuación a criterios de “ética política”. Después de que el Ministerio de Justicia denegase el indulto, los jueces ordenaron el ingreso “inmediato y voluntario” en prisión. Gavaldà cumplió ayer con ese requerimiento y Pallerols lo hará en los próximos días.

La sentencia dictada en su día y que reconocen los dos condenados es que Pallerols y los excargos de Unió “orquestaron una trama dirigida a que parte de los fondos públicos” sirvieran para “engrosar las arcas” del partido democristiano, que también fue condenado como responsable civil subsidiario y “partícipe a título lucrativo” en el fraude. Al aceptar ese relato de los hechos, Unió admitió haberse financiado de forma irregular a costa de subvenciones para parados, pese a los esfuerzos por negarlo de Duran Lleida.

El desvío de fondos ascendió a 388.484 euros. La mitad de ese dinero sirvió para comprar mobiliario de las sedes de Unió y para pagar nóminas de militantes del partido que, aunque no realizaban ningún trabajo, figuraban como empleados de las academias de Pallerols.

El tribunal dijo que sería “obsceno” que los jueces no hagan de “cortapisa”

El ingreso en prisión era necesario, según los magistrados, para “frenar ese tipo de conductas”. Lo contrario equivale a una “cuasi impunidad” de “políticos y poderosos” que “sucumbieron a las ventajas que proporciona el ejercicio del poder”, decía el tribunal. Sería “obsceno” que las decisiones de los jueces no sirvieran de “cortapisa” para evitar el desvío de fondos, dijeron.

Gavaldà ha cumplido con esa obligación esta mañana. Quien aún está pendiente de hacerlo es el empresario andorrano Fidel Pallerols, que también fue condenado a siete meses de cárcel. Pallerols ingresará en la cárcel en los próximos días, según fuentes de la investigación.