CiU dice ahora que cambiará la ley de BCN World para vetar viviendas

CiU quiere ahora cambiar la Ley del Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou para vetar la construcción de viviendas en el recinto de BCN World. Así reaccionó después de que EL PAÍS avanzara ayer que Veremonte, impulsor del proyecto, y Melco, un posible operador de casino, prevén que el complejo tenga hasta 5.000 viviendas, según comunicó el grupo asiático al regulador bursátil de Hong Kong el pasado 25 de abril, tras firmar un memorando para negociar su inversión en el recinto. Según la comunicación, el primer casino de BCN World tendrá hasta 35.000 metros cuadrados de superficie, cuatro veces más que el de Barcelona.

El diputado Albert Batet, portavoz de CiU durante la tramitación de la ley en el Parlament, fue el encargado de hacer el anuncio. Veremonte explicó que "hoy por hoy" no tiene intención de levantar viviendas, si bien es esa compañía controlada por el promotor Enrique Bañuelos la que ha explicado los detalles del proyecto a Melco. El consejero de Empresa, Felip Puig, no negó que se vayan a construir viviendas, si bien afirmó que "será el Gobierno quien fije las condiciones" del proyecto y dijo que BCN World persigue "la actividad del sector turístico y no del residencial".

Desde el Departamento de Presidencia se aseguró que no se construirán pisos, pese a que el comunicado oficial de Melco afirma: "El proyecto BCN Dreams prevé incluir más de 10.000 habitaciones de hotel, un centro de congresos y exposiciones, teatro, centros comerciales, oficinas y hasta 5.000 unidades residenciales". Todas las partes aseguraron que el Plan Director Urbanístico que se tiene que aprobar acabará definiendo el proyecto.

Ante la noticia, Xavier Sabaté (PSC) reclamó al Gobierno catalán la constitución de la comisión de seguimiento del proyecto de BCN World, uno de los puntos que integraban el acuerdo firmado a finales de marzo por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el primer secretario del PSC, Xavier Sabaté. La reunión servirá a ambas partes, entre otras cosas, para preparar el pleno parlamentario del próximo 28 de mayo, en el que está previsto aprobar definitivamente la ley. El PSC creía que las viviendas estaban descartadas al convertir la actividad residencial en turística.