Nueva petición de indulto para la madre que mató al violador de su hija

En dos ocasiones se le ha denegado la petición de indulto, pero no pierden la esperanza, y contra reloj, la Plataforma Feminista de Alicante y otras entidades sociales pedirán de nuevo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la concesión del indulto para la mujer del municipio alicantino de Benejúzar condenada por matar al violador de su hija, que fue atacada cuando tenía 13 años.

Estos colectivos trasladarán su petición en un escrito que tienen previsto registrar este martes en la Subdelegación del Gobierno en Alicante. La condenada, María del Carmen García, a quien se le ha denegado en dos ocasiones la concesión de la medida de gracia, deberá ingresar en prisión el próximo día 8 para cumplir la pena impuesta de cinco años y medio de cárcel por los delitos de asesinato y lesiones.

La primera solicitud de indulto, planteada por la hija y el esposo de María del Carmen García, fue denegada por el Consejo de Ministros en abril del año pasado, aunque el abogado de la condenada interpuso un recurso contra esa decisión ante el Tribunal Supremo (TS), que deberá resolverlo el próximo 4 de junio.

Posteriormente, en junio de 2013, la Plataforma Feminista de Alicante y numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales y profesionales, con la adhesión de instituciones públicas, demandaron la concesión de indulto para la mujer, una petición que fue también desestimada, el pasado mes de marzo, por el Gobierno.

Ahora, la citada plataforma y otras entidades sociales formalizarán nuevamente esa solicitud por considerar "inconstitucional" la denegación de la segunda petición de indulto y por "justicia humanitaria", ya que la condenada sufre desde la violación de su hija, ocurrida en 1998, un trastorno adaptativo mixto incurable con síntomas ansioso-depresivos.

Según exponen en el escrito que prevén presentar este martes en la Subdelegación del Gobierno, se han producido "otros casos en los que el indulto ha sido favorable teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y peligrosidad social de la persona condenada, así como la no reincidencia".

Aducen que las mismas circunstancias concurren en el caso de María del Carmen García, por lo que entienden que el Gobierno "la ha tratado de forma discriminatoria, incurriendo en arbitrariedad". Indican que "aunque la ley no ordena de forma expresa la motivación de la concesión o denegación del indulto, la única forma de controlar las decisiones de los poderes públicos para evitar que incurran en arbitrariedad y generar confianza y transparencia democrática es que expliquen" las razones de sus resoluciones, lo que, a su juicio, "no ha sucedido en este caso".

Sobre la innovación a "una justicia humanitaria", argumentan que, según informes médicos, el trastorno que padece la mujer es "incurable y, sin duda, será agravado si vuelve a ingresar en prisión, en la que ya estuvo un año como consecuencia de los hechos por los que ha sido condenada".

Recuerdan que, de conformidad con la Constitución, las penas privativas de libertad han de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. "En este caso, su cumplimiento sólo se podría entender como un castigo meramente ejemplarizante, lejos de su sentido constitucional", afirman.

El anuncio de la nueva petición de indulto para María del Carmen García se produce después de que su abogado requiriera el pasado viernes a la Audiencia de Alicante la suspensión de la pena al alegar que el encarcelamiento de la mujer será "palmariamente desestabilizador" para "su estado psíquico y físico a causa de su grave enfermedad mental".