Acreedores de Díaz Ferrán culpan a Monbus de ayudarle a vaciar la firma

Cuatro de los acreedores más relevantes que dejó el agujero de Viajes Marsans y el resto de sociedades del anterior presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acaban de señalar en el juzgado a la empresa gallega de transportes Monbus y a su presidente, Raúl López, como colaboradores en el presunto vaciado patrimonial del grupo turístico. El escrito de acusación lo han remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los representantes legales de Melia Hotels Internacional, AC Hoteles y Viajes Iberojet (Corporación Horizonia) que reclaman a Díaz Ferrán 40 millones de euros y le acusan de transferir sus bienes a testaferros para evitar su incautación judicial. El juez instructor, Eloy Velasco, ya dictó orden de apertura de juicio oral e impuesto, la pasada semana, al grupo de Díaz Ferrán una fianza récord de 1.167,3 millones de euros por los daños a terceros. El auto pide sentar en el banquillo a 26 entidades y empresas relacionadas con el liquidador de las sociedades, Ángel de Cabo, y mantiene en prisión tanto a Díaz Ferrán como a De Cabo y al hombre de confianza de este, Iván Losada. El fiscal atribuye un rosario de delitos al expresidente de la patronal y reclama para él 15 años de cárcel.

 Entre las empresas que el juez señala como cómplices no figura Monbus ni ninguna otra del grupo de transportes de Raúl López. Los acreedores, sin embargo, sostienen que el empresario gallego —exsocio de Díaz Ferrán en algunas adjudicatarias de contratos públicos— contribuyó al vaciado patrimonial de su conglomerado con la compra de su parte al expresidente de la patronal en sociedades conjuntas y concesiones públicas. El escrito de acusación de estos perjudicados por Marsans pide que Raúl López —presidente también del club Obradoiro de baloncesto— comparezca en el juicio como responsable civil subsidiario por el supuesto fraude de Díaz Ferrán. A lo largo de 92 folios cita a 120 sociedades y personas físicas para que comparezcan ante el juez.

Los acreedores sostienen que las firmas de Raúl López contribuyeron al vaciado de la empresa Trapsa (del grupo de Díaz Ferrán) “a través de una serie de operaciones ficticias ideadas por el equipo jurídico de De Cabo y llevadas a cabo durante 2010 y 2011”. Y apuntan entre otros métodos presuntamente utilizados para ocultar el dinero: “Ventas de concesiones administrativas a favor en concreto del Grupo Monbus, perteneciente a Raúl López, con compensación de créditos inexistentes y precios declarados superiores a los reales y venta de vehículos”. Entre los tratos que llevaron a cabo Díaz Ferrán, el liquidador de sus sociedades y López —antes y después de que se decretase el concurso de acreedores— el escrito de acusación cita “diversas concesiones administrativas de transportes” y de otro tipo “formalizadas mediante escrituras de compraventa en la que se compensan supuestas deudas (que no se acreditan y, por tanto, hay que considerar ficticias) del señor Díaz Ferrán y se finge un precio muy superior al realmente abonado (tal y como ha declarado el acusado De Cabo)”.

El relato de los acreedores enumera media docena de compras efectuadas por el grupo Monbus a las sociedades de Díaz Ferrán: la mitad de la empresa Autobuses Urbanos de Lugo (que gestiona el transporte en Santiago) y los propios autocares que cubren esas líneas; una segunda firma llamada Empresa de Transportes Alacuber —el liquidador de la sociedad e imputado, Ángel de Cabo, aseguró al juez que el precio fue de 600.000 euros y no los 900.000 que se declararon oficialmente—; y la mitad de otra sociedad —Recreo, Ocio y Espectáculos, copropietaria de la firma que gestiona el Multiusos y las Piscinas de Sar, un complejo deportivo que adjudicó el Ayuntamiento de Santiago— que se pagó “mediante compensación parcial de supuestas deudas que la vendedora dijo tener contraídas con Monfobus, otra empresa de Raúl López. A esta sociedad fue a parar la concesión del mercado de ganados de Santiago que gestionaba Díaz Ferrán a través de Trapsa. Del precio pactado, 337.015 euros, se descontaron 150.000 por una deuda que Trapsa tenía con Monfobus. Hay además una cesión por un euro de tres contratos de transporte escolar suscritos con la Xunta. Y una escritura pública que detalla la compra por parte de Autobuses Urbanos de Lugo (Monbus) a las sociedades de Díaz Ferrán la concesión del transporte urbano en Guadalajara.

El escrito en manos del juez sostiene que, salvo la operación para hacerse con el 100% de Autobuses Urbanos de Lugo, “en el resto de transmisiones Trapsa actuó representada por Gerardo Díaz Santamaría [hijo de Díaz Ferrán] y todas se realizaron por precio fingido”. Los acreedores señalan que “las cesiones de Trapsa a favor de Monbus se explican detalladamente en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía”. Raúl López negó a este periódico haber cometido ninguna irregularidad y dijo desconocer el escrito. El departamento jurídico de Monbus comprometió su “disponibilidad a colaborar con cl juez” en un caso en el que, recordó, el empresario no está imputado.