Agricultura social, un potencial a explotar
La actividad fomenta el desarrollo rural sostenible y facilita la inserción laboral
Se denomina agricultura social y consigue tres beneficios: frena el abandono rural; facilita la inserción laboral de discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión trabajando en el campo, y potencia el desarrollo rural sostenible con explotaciones ecológicas, que facilita la recuperación de servicios comunes, como la actividad comercial, o públicos, como la salud. En Cataluña el sector emplea a 2.800 personas, según un estudio capitaneado por el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Fundación Cedricat por el desarrollo económico, rural, local y sostenible y financiado por RecerCaixa.
El estudio, la primera radiografía de la agricultura social en Cataluña, identifica las casi 200 experiencias existentes, analiza sus beneficios y lanza propuestas para fomentarlas. Lo explica Antoni Tulla, investigador principal del proyecto. El trabajo concluye que la agricultura social, que en Europa se conoce como Social Farming, tiene un gran potencial de explotación en Cataluña.
Por ejemplo, los investigadores han constatado cómo este sector se ha dedicado casi exclusivamente a la inserción sociolaboral de personas discapacitadas o con trastornos mentales, “cuando hay otros colectivos que se podrían beneficiar”. Desde jóvenes con problemas educativos hasta personas que necesitan ayuda para reincorporarse a la sociedad (toxicómanos, expresos o víctimas de violencia de género), parados o jubilados con pocos recursos.
El estudio ha sistematizado los “sujetos y elementos básicos” para impulsar iniciativas de agricultura social. Aspectos como que las iniciativas, además de la inserción y el desarrollo rural sostenible, tengan por objetivo “conseguir el empoderamiento de los colectivos en riesgo de exclusión”, o bien que jurídicamente tomen formas de organización colectivas, como las cooperativas. También contempla como aspecto positivo el hecho de que comienza a haber territorios que están poniendo en valor la producción ecológica de proximidad y advierte de la existencia de un gran número de tierras susceptibles de volver a ser explotadas. En este sentido apela a la colaboración de proyectos públicos o privados que faciliten la ubicación o la financiación para arrancar y mantener la actividad.
El estudio también recuerda que “relacionar la ocupabilidad de estos colectivos con el desarrollo rural también forma parte de los objetivos de la PAC en el Programa Horizonte 2014-2020 de la Unión Europea”.
Un trabajo con recompensa
Quizás un día las lechugas que cultivan Armin y Aliou en El Prat se puedan servir en el catering de un avión de los que cada poco pasan por encima de sus cabezas. Son empleados de Cuina Justa, empresa de economía social de la Fundació Cassià Just, que elabora comida para colectividades, bocadillos y ensaladas y productos frescos envasados. Entre sus clientes figuran Vueling, Singapur Airlines o áreas de servicio, y llevan las cocinas de varias escuelas. Con 250 trabajadores, factura 4,5 millones y acaba de poner en marcha el huerto en Cal Tudela del Parque Agrario para cerrar el círculo: autoabastecerse de verdura.
La educadora Elena Calandric explica que el huerto es fruto de la colaboración con el Ayuntamiento de El Prat: les ha cedido el terreno a cambio de emplear a personas con riesgo de exclusión del municipio. “El trabajo es en un espacio ordenado, tiene ritmos y la alimentación es un objeto muy interesante porque cada día hay un resultado final”, enumera Calandric.
Entre los empleados hay personas con distintas discapacidades, pero trabajan de forma casi autónoma, con supervisión de especialistas “que atienden la singularidad de cada persona”. Armin luce una sonrisa de oreja a oreja: tras meses en paro tiene empleo y en el aire libre. Aliou valora “un trabajo que con cada fruto tiene una recompensa”.
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