El fiasco de Camps con la Fórmula 1 en Valencia salpica a Fabra

“Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas”, proclamó Bernie Ecclestone en mayo de 2007, cuando condicionó la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia a que Francisco Camps volviera a ganar las elecciones. “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa, Rita Barberá, y me enamoré de ella”, añadió el magnate. Declarada la prueba por la Generalitat “de interés general”, sin embargo, Ecclestone no contrató la carrera, —que debía discurrir por un circuito urbano que costó 100 millones de euros—, con la Generalitat o el Ayuntamiento, sino con una empresa privada constituida al efecto, Valmor Sports, SL, destinada a hacer realidad la promesa de Camps de que la Fórmula 1 no costaría un euro a las arcas públicas.

Siete años después, el coste para la Generalitat ha superado los 300 millones de euros. Empresas públicas se hicieron cargo desde el principio de la organización real del Gran Premio, del pago del canon a Ecclestone, a partir de la segunda edición (93,7 millones más 17,2 de la primera edición), y de coorganizar la prueba, a partir de 2009. La víspera de la dimisión de Camps, en 2011, la Generalitat se convirtió en “garante” de todo el contrato. Y para completar el fiasco, el sucesor de Camps, Alberto Fabra, compró en 2012 la sociedad privada Valmor Sports, creada ad hoc en 2007.

La compra supuso asumir deudas de 34,2 millones de euros, perdonar 14,6 millones que debía a la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, la auténtica organizadora del Gran Premio, y “exonerar” a los gestores de cualquier responsabilidad.

El asunto está en manos de la fiscalía porque los socialistas han llevado ante Anticorrupción a Fabra y todo su Consell, con la actual secretaria autonómica Lola Johnson, entonces consejera del área, el vicepresidente, José Ciscar, y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, entre sus componentes. Esta denuncia se suma a otra presentada también por Esquerra Unida en el mismo sentido. Todavía no se sabe qué acabará pagando la Generalitat de penalización a Ecclestone por haber renunciado a organizar el Gran Premio (la última edición fue en 2012), pero Fabra justifica haber comprado Valmor en 2012 para evitar pagar 71 millones de dólares (51 millones de euros) al magnate de la F-1 como indemnización si dejaba de celebrarse.

“La empresa Valmor Sports, SL no organizó ninguna de las ediciones de la F-1 en Valencia”, afirman los diputados socialistas Eva Martínez y Josep Moreno en su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. La constitución de Valmor en mayo de 2007 para firmar el contrato del Gran Premio con Formula One Administration, la sociedad de Ecclestone, apenas un mes después, perseguía, añade la denuncia, “eludir los controles de legalidad y los controles económicos y mantener opacos los contratos”. Ya la primera competición, la de 2008, fue organizada por Circuito del Motor y Promoción Deportiva, la empresa de la Generalitat que gestiona el circuito de motociclismo de Cheste. Ni siquiera el pago del canon anual a Ecclestone por los derechos de celebración de la prueba fue responsabilidad de Valmor más allá de la primera edición, ya que en 2009 otra empresa pública, Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, se hizo cargo de su pago y se convirtió en “copromotora” de la F-1.

Valmor recibió ocho millones del IVF, seis de Bankia y 1,5 del Banco de Valencia

Valmor Sports era propiedad a partes iguales de Bancaja, el empresario Fernando Roig y el exmotorista Jorge Martínez, Aspar, que pronto compartió su participación con Vicente Cotino a través de la sociedad Worldwide Circuit Management. Con Facundo García de la Cuadra, exdirector del circuito de Cheste, como consejero delegado, Valmor gozó de un trato financiero de favor. La denuncia ante la fiscalía recoge un préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas de ocho millones de euros en 2008 que en 2011 se renovó para dar un año más de margen a su devolución. El Banco de Valencia le concedió a Valmor 1,5 millones también en 2011 y Bankia, un préstamo de seis millones condicionados a la pignoración de los ingresos por las entradas de la que sería última edición del Gran Premio, en 2012.

El de los ingresos por entradas es uno de los grandes misterios del supuesto negocio de la Fórmula 1. “Mientras Valmor recaudaba y se quedaba el precio de las entradas, Circuito del Motor organizaba toda la prueba y hacía frente con el presupuesto de la Generalitat, con caudales públicos, a todos y cada uno de los gastos”, sostiene la denuncia. Más allá de las 100.000 localidades de las que se habló en un principio, los contratos de Valmor con la empresa Nussli revelan que en 2009 se contrató la instalación de gradas por 4,5 millones para un aforo de 65.000 a 85.000 localidades (Valmor ingresó ese año 7,7 millones por entradas). El aforo se había reducido para la última edición, en 2012, a 24.284 asientos, con un coste de 2,2 millones más IVA.

La empresa cobraba entradas mientras la Generalitat pagaba la organización

Pero esas gradas ya no las pagó Valmor. La empresa, que acumulaba deudas por 34,2 millones, además de los 14,6 que debía a Circuito del Motor y Promoción Deportiva, fue comprada por la Generalitat por el precio simbólico de 99 céntimos y absorbida precisamente por esta última sociedad pública, que es la que en la práctica siempre había organizado la prueba automovilística.

Pese a que le constaba, como recoge el contrato, la situación de “desequilibrio patrimonial” de la empresa, el Consell que preside Fabra acordó en diciembre de 2011 adquirir Valmor, y el consejo de administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, presidido por Lola Johnson, aprobó su compra, que se formalizó en abril de 2012. La necesidad de garantizar que se celebrara la prueba ese año fue el argumento de Fabra, pero la diputada Eva Martínez sostiene que la Generalitat no necesitaba comprar “una empresa quebrada” para asegurar el Gran Premio, ya que en julio de 2011, la víspera de su dimisión, Camps había formalizado con Ecclestone un nuevo contrato de 10 años de prórroga que convertía a la Generalitat en “garante” de todos los compromisos de la F-1 en Valencia.

En todo caso, el “gran evento” automovilístico dejó de celebrarse y aún no está claro cómo se acabará resolviendo el contrato con Ecclestone. Los socialistas, convencidos de que Fabra se ha pillado los dedos en la maniobra, sostienen en su denuncia que Camps y sus consejeros pudieron cometer “algún delito de prevaricación y/o malversación”, pero acusan directamente a Fabra y su Consell de malversación de caudales públicos” y al consejo de administración de Circuito del Motor de “delito societario”.