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Camps hizo a la Generalitat garante de toda la Fórmula 1 la víspera de dimitir

Los socialistas llevan a la fiscalía a Fabra y todo su Consell por la compra de Valmor

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, este miércoles, antes de comparecer en una comisión de las Cortes Valencianas.
El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, este miércoles, antes de comparecer en una comisión de las Cortes Valencianas. TANIA CASTRO

Justo la víspera de su dimisión como presidente, acuciado por su inminente juicio por el caso de los trajes, Francisco Camps convirtió a la Generalitat Valenciana en responsable última de todo lo relacionado con la prueba de Fórmula 1 en Valencia. El 19 de julio de 2011, el secretario autonómico de Grandes Proyectos, Luis Lobón, puso su firma en un contrato por el que se prorrogaba diez años más la vigencia del acuerdo inicial de 2007 con Bernie Ecclestone, y la Generalitat sustituía a Bancaja como garante de todas las obligaciones del contrato para la organización del Gran Premio en Valencia con efecto retroactivo desde el 31 de diciembre anterior.

La diputada socialista Eva Martínez lo reveló este miércoles en una comisión de las Cortes Valencianas durante una comparecencia del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, a quien comunicó que ella misma y el también diputado socialista Josep Moreno han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que apunta la existencia de un delito de malversación en la compra de la empresa Valmor Sports, organizadora privada inicial de la prueba automovilística, por parte de la Generalitat en abril de 2012, previo acuerdo del Consell en diciembre de 2011, dado que esa compra implicó asumir una deuda de más de 34 millones de euros y supuso la renuncia a exigir responsabilidades de cualquier tipo a los gestores de la sociedad: la entidad Bancaja, el empresario Fernando Roig y la empresa Worldwide Circuit Management, de Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino.

La denuncia va dirigida contra el presidente valenciano, Alberto Fabra, y todos los miembros del Consell que en diciembre de 2011 aprobó la operación de compra, entre ellos el propio Ciscar, la actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, y la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.

“El nuevo garante se compromete con efecto desde la fecha de sustitución, a pesar de la fecha de ejecución y entrega de esta escritura, a aceptar, observar, ejecutar y liberar al garante actual de todas sus responsabilidades y obligaciones bajo el contrato de derecho del circuito”, se lee en el contrato entre Formula One Administration, APM Sport y Beta Premia, empresas de Ecclestone; Valmor Sports, teórica organizadora de la prueba automovilística en Valencia; la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que se había hecho cargo en 2009 del pago del canon anual y se había convertido en coorganizadora, y la Generalitat Valenciana.

El documento, —donde curiosamente figura como persona a la cual dirigir notificaciones Gerardo Camps, que ya no era vicepresidente ni consejero—, que el nuevo garante “ratifica irrevocablemente la garantía de las obligaciones de Valmor en el contrato de derechos del circuito”.

Eva Martínez recordó que el propio Ciscar había explicado la semana pasada, a raíz de otra denuncia presentada también ante la fiscalía por Esquerra Unida sobre la compra de Valmor, que era la opción “menos mala” porque no hacerlo hubiera supuesto no celebrar el Gran Premio en Valencia y pagar una penalización de 71 millones de dólares (unos 51 millones de euros). “No es cierto”, añadió la diputada, porque la Generalitat “podía decidir sobre el Gran Premio sin comprar Valmor”. La parlamentaria hizo unas cuentas a este periódico. Aún en el caso de que hubiera habido que afrontar la mitad de la penalización, sería menos de los 34 millones de euros de deudas de Valmor y los 39 millones que costó la última de edición de Fórmula 1, la de 2012.

Ciscar, que dijo estar “tranquilo” ante la denuncia socialista, reiteró el argumento en las Cortes Valencianas y descartó que la penalización sea consecuencia precisamente del contrato que rubricó Camps el día antes de dimitir. “No sé si fue en el contrato inicial o en otros, pero no en el de la prórroga”, dijo el vicepresidente sobre el momento en que se estableció una penalización cuya rebaja todavía negocia el Consell ahora, tras haber comprado Valmor Sports y haber renunciado a organizar más premios de automovilismo en Valencia.

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