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'CASO ITV'

Oriol Pujol recurre a la teoría de la conspiración para negar los sobornos

“Algunas cosas que pasan no son casuales”, alega el diputado convergente

El político está acusado de cobrar 30.000 euros en el ‘caso ITV’

El 'ex número dos' de CiU cree que los empresarios usaron su nombre para beneficiarse

El diputado de CDC Oriol Pujol, a su llegada esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Oriol Pujol sacó a relucir ayer la teoría de la conspiración para poner en duda la investigación del caso ITV, que ayer le condujo —por segunda vez en un año— ante el juez como imputado. “Algunas cosas que pasan ya no son casuales”, lamentó el diputado de CiU tras su declaración, de apenas una hora, en la que negó haber cobrado un soborno de 30.000 euros a cambio de orientar, a favor de un empresario, el voto de su partido sobre la ley catalana que dibujó un nuevo marco para el negocio de las ITV.

“Deseaba que el proceso fuera breve y veo que se alarga. Esto no me produce alegría, no es lo que esperaba”, advirtió. El ex número dos de Convergència también ve la intervención de una suerte de mano negra en “cómo se administran informaciones que la policía judicial tiene desde hace dos años y que aparecen hace dos días”. En su intento por desacreditar las pesquisas, Pujol no ofreció más pistas —“cuando tenga bien atada la teoría, intentaré explicarla”, dijo— pero insistió en que las acusaciones de cohecho “no se sustentan de ninguna manera”.

Esos datos en poder de los investigadores, que supuestamente se bloquean y se filtran a conveniencia, son los correos electrónicos clave en la imputación de Pujol por cohecho. Un empresario vinculado al sector de las ITV relata en un correo las conclusiones de una supuesta reunión mantenida entre su socio —el imputado Ricard Puignou— y el político nacionalista: “Harán campaña mediática y, aunque no mandan, ¡piden 30.000 euros!”

La Fiscalía Anticorrupción interpreta, a través de ese y otros indicios, que el diputado exigió esa cantidad a cambio de orientar el voto de CiU en la Ley de Seguridad Industrial, aprobada en 2008.

Pujol replicó ayer que la federación nacionalista estaba entonces en la oposición, aunque lo cierto es que las enmiendas que presentó acabaron coincidiendo en gran medida con los intereses de Puignou, que pretendía limitar al 40% la cuota de mercado para los operadores de la ITV. “No elaboramos nuestras enmiendas por presiones, tenemos un modelo propio”, defendió.

El diputado destaca que los correos incriminatorios son “de terceras personas”

El diputado explicitó ante los medios lo que, minutos antes, había relatado al juez: “No he pedido, ni directa ni indirectamente, ningún importe para beneficiar a una empresa, ni para determinar ninguna votación de CiU”. Los correos electrónicos, lamentó, “siempre son de terceras personas que hablan de mí y a las que ni siquiera conozco”. Cuando los leyó en el sumario, afirmó al magistrado, sintió “sorpresa”. Preguntado sobre qué motivó a esos empresarios para hablar de un soborno inexistente, Pujol dijo: “No sé qué les mueve. Tendrán que explicarlo ellos”. En la sala de vistas, admitió que, tal vez, los empresarios usaron su nombre y posición para beneficiarse económicamente, señalaron fuentes judiciales.

 El caso ITV indaga una trama que intentó amañar concursos públicos de estaciones de la ITV. Según los investigadores, Pujol ocupaba el “vértice” del grupo y ofreció su “peso político” para favorecer los intereses de una serie de empresarios; entre ellos, Sergi Alsina, amigo íntimo y empleador de su esposa, Anna Vidal. La Fiscalía sospecha que, a cambio de su influencia, Pujol fue remunerado a través de su mujer, que cobraba a empresas de Alsina por trabajos ficticios. Fruto de esa investigación —basada en intervenciones telefónicas— Pujol permanece imputado por tráfico de influencias: presionó a altos cargos de la Generalitat para colocar a hombres de su confianza en el sector de las ITV. Pujol delegó entonces sus cargos como secretario general de Convergència, aunque mantuvo su escaño de diputado.

 El pasado enero, tras haber analizado los correos comprometedores, Anticorrupción pidió la imputación por cohecho de Pujol, de su esposa, y de los empresarios Alsina y Puignou, que fue acordada por el TSJC. En sus declaraciones de esta semana, todos ellos han negado haber pagado o recibido sobornos. Anna Vidal justificó las cantidades recibidas del empresario Alsina —en las mismas fechas de aprobación de la ley— en trabajos de “consultoría”. “Aún es peor cuando se señala a mi mujer, prácticamente de forma aleatoria”, concluyó Pujol.

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