Un mes para encontrar un techo

Juan David García, de 55 años, y Neus Molet, de 41, ambos minusválidos y residentes en la urbanización Las Pedreras del municipio de Santa Oliva (Baix Penedès), prefirieron ayer saltarse la rutina y no llevar ellos mismos al colegio a su hijo, de 5 años. Pidieron que en su lugar lo hiciese un conocido de la familia mientras el matrimonio se quedaba apostado en el rellano de la casa, entre rosales y jaulas de aves, esperando el momento en que llegase el motivo por el que no habían podido dormir las pasadas madrugadas: el tercer intento de desahucio de su vivienda por impagos.

“¿Papá, ¿me vendrás a buscar después del cole?’, me ha preguntado. Y yo le he dicho que sí porque no quiero que sepa nada de todo esto, aunque no sé dónde dormiremos esta noche”, explicó García, que se desplaza en silla de ruedas y sufre una minusvalía del 70%. Su mujer tiene una ceguera del 90%. Ambos son vendedores de cupones de la ONCE desde hace más de dos décadas y tienen además otra hija, de 17 años, que se encuentra ingresada en un centro de rehabilitación. Poco antes de las diez de la mañana casi un centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), vecinos, el abogado de la familia, e incluso la alcaldesa del municipio y el concejal de Servicios Sociales se desplazaron hasta la vivienda. Molet tocaba sus rostros, temblorosa. “Así sé con quién estoy hablando, muchas gracias por ayudarnos, me siento pisoteada, tener vivienda es un derecho”, exclamaba.

El matrimonio, al que cortaron la luz hace meses, acumula graves deudas. Tenían una finca, pero hace ocho años solicitaron un crédito puente para comprar una vivienda y adecuarla a sus circunstancias. “Formalizaron un préstamo hipotecario de reunificación de crédito de 225.000 euros, pagaban unos 1.300 euros mensuales”, explicó el abogado de la familia, Pere Banús. En 2011 las situación económica de la pareja empezó a torcerse, no pudieron hacer frente a las cuotas y ahora el banco Primus les reclama la casa y las deudas. “El banco ya no tiene oficinas aquí, solo un despacho de abogados en Madrid y procuradores que se encargan de cobrar y desahuciar, no hay intermediarios”, detalló Banús.

La pareja acude cada día a su puesto de trabajo, pero apenas venden cupones. “Si me engañan con un billete tengo que ponerlo de mi bolsillo”, contó Molet. Una mujer va a su casa una vez por semana a realizar tareas de limpieza. “Ella no ve ni las manchas del suelo, y yo así como estoy no puedo hacerlo. No sabía que la deuda que firmé era tan elevada”, añadió el marido.

Cuando llegó la comitiva judicial, la marea de manifestantes se afanó en cerrar con llave la vivienda al grito de: “¡Sí, se puede!”. Y la presión surtió efecto. “Hemos venidos a negociar, lo que no vamos a hacer desde el Ayuntamiento es echar a nadie de su casa”, aseguró a la secretaria judicial el edil de Servicios Sociales de Santa Oliva, Miquel Vera, mientras la alcaldesa, Isabel Cubero, cogía de las manos a Molet en la entrada de la vivienda. Un furgón de los Mossos d’Esquadra estaba aparcado cerca.

Las partes lograron arrancar un pacto, aunque momentáneo. El desalojo fue paralizado hasta el 2 de junio. El Ayuntamiento se comprometió ayer a ayudarles, económicamente y en la búsqueda de una vivienda. Pero el futuro de la pareja es incierto. El abogado calcula la deuda asciende a 190.000 euros. “Lo primero es encontrarles una vivienda, después impugnaré el préstamo por cláusulas abusivas y un posible engaño”, concluyó Banús.