Cortés pide a los alcaldes que entreguen antes de un año las 5.620 VPO vacías

Lejos de amilanarse por las críticas al realojo de las familias de la corrala La Utopía, la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), se reafirmó este martes en su política de vivienda y anunció un nuevo paquete de medidas para impulsar la ocupación de todas las VPO vacías que hay en la comunidad. Cortés las cifró en 5.620 y anunció un plan para que, en el plazo de un año, todas estén habitadas. “Hay que poner lo público al servicio de la gente. Porque lo público es de todo y a todos sirve”, advirtió la titular de Fomento, que compareció a petición propia y de todos los grupos para explicar la gestión de su departamento tras el desalojo de la corrala.

Con un discurso muy político, en una defensa cerrada del derecho a la vivienda de las “minorías excluidas” frente al “poder financiero”, Cortés defendió el papel de su departamento en los realojos que a punto estuvieron, hace tres semanas, de acabar con el gobierno de coalición. “Habríamos cometido un fraude procesal si no hubiéramos realojado”, advirtió la consejera, que insistió en las explicaciones que dio Fomento para promover el realojo de 17 familias de La Utopía: no es lo mismo, explicó, la adjudicación de una vivienda pública (un mecanismo para acceder de “forma estable” a una vivienda) que el realojo (un procedimiento para atender “situaciones de emergencia”).

Según los datos aportados por Cortés, la Consejería de Vivienda ha realojado a 637 familias desde 2001. Uno de ellos es el de La Utopía. “Un realojo singular porque obedece a un auto judicial”, señaló la titular de Fomento, en referencia al escrito dictado por la juez de Instrucción 3 de Sevilla, que ordenó el desalojo pero instó a las Administraciones a “proveer lo necesario” para proteger a los menores y las personas en riesgo de exclusión social. “No es que pudiéramos realojar a las familias, es que debíamos hacerlo. Con la ley, podíamos. Con el auto, debíamos”, sostuvo Cortés.

Fomento sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Sevilla actualice los informes sociales de 17 familias de la corrala, ocho de las cuales siguen alojadas en viviendas sociales de la Junta, mientras que las otras nueve están a la espera de que la Administración determine si cumplen los requisitos. Durante los tres días de tira y afloja que duró la crisis en el Gobierno los dos socios de coalición, PSOE e IU, admitieron haber cometido algún error, pero la consejera esquivó ayer la autocrítica y defendió que su departamento actuó de forma “legal y justa”.

El PP pedirá una comisión de investigación sobre la actuación en La Utopía

También defendió la legalidad de la actuación el grupo socialista, que pasó de puntillas por los motivos que a punto estuvieron de romper el Gobierno andaluz y se centró en criticar la política de vivienda del PP desde el Ejecutivo central. Y por si el enfrentamiento entre los socios ha podido sembrar dudas sobre las prioridades del PSOE ante algunos sectores de la opinión pública, el diputado socialista Enrique Benítez insistió en situar a su grupo del lado de “los débiles”. “Queremos reafirmar el compromiso de nuestro grupo con los que más lo necesitan” afirmó.

Para el PP, la “batalla” entre los socios se ha saldado con un ejemplo de “trato de favor” hacia las familias realojadas que, según el portavoz popular, Carlos Rojas, merece una comisión de investigación. Los populares, aseguró Rojas, la van a pedir formalmente. “Debería ser la presidenta de la Junta la que subiera hoy aquí a dar explicaciones”, advirtió Rojas, en referencia a Susana Díaz, ausente del salón de plenos durante el debate.

Además de por los realojos de las familias de La Utopía, los grupos habían preguntado a Cortés por los planes de su departamento una vez que el Tribunal Constitucional ha suspendido algunos de los artículos del decreto antidesahucios. Ahí fue donde la consejera anunció que ha escrito a alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y a varios presidentes de Diputación solicitándoles reuniones en las que, advirtió, les pedirá que impulsen la adjudicación de todas las VPO terminadas y vacías. El objetivo, dijo, es que dentro de año se hayan ocupado las 5.620 que ahora hay deshabitadas.

Cortés anunció también que su departamento está redactando una instrucción para “agilizar” el cambio de calificación de venta a alquiler de las VPO que están en manos de entidades financieras. Esta instrucción, aseguró la consejera, facilitará los trámites administrativos del cambio de régimen de las VPO, que se dará automáticamente por autorizado con el visado del contrato de alquiler.