Anulados otros dos despidos del alcalde de Carnota por discriminación política
El gasto en indemnizaciones y honorarios a abogados ronda los 200.000 euros El interventor censura el fichaje de un nuevo letrado.
La oleada de despidos emprendida el año pasado por el alcalde de Carnota, Ramón Noceda, del BNG, va camino de costar una pequeña fortuna a las ya de por sí maltrechas arcas municipales. Los tribunales siguen dando la razón a los despedidos. Dos nuevas sentencias ratifican la nulidad del cese de dos empleadas públicas al considerar probado que se vulneraron sus derechos fundamentales y fueron víctimas de discriminación política o sindical. Estos dos fallos se suman a uno anterior, aún pendiente de recurso, que también condenó a este Ayuntamiento coruñés a readmitir a otra trabajadora municipal, despedida, según un juez, “por razones ideológicas”.
Hay una cuarta sentencia que también da la razón a un empleado y condena al Ayuntamiento a abonarle 51.237 euros por un cese declarado improcedente. Y el alcalde, para evitar un juicio y más sentencias contrarias, alcanzó con dos exintegrantes de la brigada municipal de obras sendos acuerdos extrajudiciales con compensaciones muy por encima del máximo legal en despidos por causa económica, fijado en 20 días por año trabajado. Uno cobrará 33.000 euros, lo que representa 50 días por año, y el otro 19.000 euros, a razón de 43 días por año. La factura, entre indemnizaciones a pagar a seis de los siete despedidos —uno, delegado sindical, está pendiente de juicio— y honorarios de abogados, ya va camino de los 200.000 euros.
Una cifra elevada para una corporación que, con un presupuesto anual de unos 4,5 millones de euros —están prorrogados desde 2011—, arrastraba a finales de 2012 una deuda de casi tres millones. Y la sucesión de fallos judiciales a favor de los trabajadores va en contra del motivo principal alegado por Noceda el verano pasado para emprender esos despidos, como era la supuesta urgencia en ahorrar costes reduciendo la plantilla municipal. Un argumento que no cuadra con el hecho de que el número de empleados fijos del Ayuntamiento aumentó en 10 personas —de 14 a 24— en los últimos tres años, según se destaca en una de las sentencias que obliga a readmitir a una técnico en informática, hija del expresidente local del PP, por considerar que fue despedida únicamente por razones políticas.
El propio interventor municipal puso reparos el pasado mes al pago de la minuta de 1.452 euros del abogado de Santiago que representó al Ayuntamiento en la demanda de esa trabajadora ahora readmitida por sentencia. Ese letrado, como reseña el interventor, es ajeno al bufete de Muros contratado desde agosto de 2013 por el Ayuntamiento de Carnota, a razón de 1.800 euros mensuales, para defenderlo en todo tipo de litigios. El pago de esos honorarios a mayores que ordenó el alcalde “constituye un evidente perjuicio económico para esta hacienda pública municipal”, advierte el funcionario encargado de fiscalizar las cuentas locales. Y añade: “Puede ser considerado por el Consello de Contas como falta o delito de malversación de caudales públicos”.
Un delegado sindical también despedido está pendiente de la celebración en breve del juicio. Y se espera que el resultado sea en el mismo sentido que la de otras tres sentencias que condenan al Ayuntamiento a readmitir a trabajadoras cuyos derechos fueron vulnerados. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de ratificar y hacer firme la readmisión de una técnico jurídica, cuyo despido fue anulado por un juzgado de Santiago por considerar que fue víctima de discriminación política. La última sentencia judicial también declara nulo el cese de otra empleada pública, delegada del personal del Ayuntamiento, al dar por probado que se vulneraron sus derechos sindicales. Los ediles socialistas llevan meses advirtiendo al alcalde nacionalista de la arbitrariedad “y auténtico esperpento” de los despidos del pasado año. “Sabemos que la situación de las arcas municipales es grave y no entramos a valorar la posibilidad de despedir o no personal”, indicó Suso Campos, portavoz local del PSdeG-PSOE. Pero las sentencias, añade, corroboran que fueron decisiones mal tomadas que van a costar muy caro.
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