Sanidad deja sin asistencia a 213 inmigrantes en los últimos seis meses
60 asociaciones denuncian el funcionamiento del Programa de Atención a la Salud
“En septiembre de 2012 me quitaron la tarjeta sanitaria y cuando voy al centro de salud ya no me atienden. Soy diabético, necesito pincharme insulina todos los días. Hace dos años que nadie me controla la diabetes”, cuenta José, boliviano de 53 años, que teme dar su nombre real por si eso hace fallar los trámites para obtener una nueva tarjeta. Como él, en los últimos seis meses 213 personas han tenido problemas para acceder a la atención sanitaria según el último informe del Observatorio Valenciano de Atención a la Salud (Odusalud). Compuesto por más de 60 asociaciones como Médicos del Mundo, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar o Cáritas, Odusalud explica que los 661 casos de trabas sanitarias detectados desde noviembre de 2012 son la punta de un iceberg que, sin datos oficiales, cada vez es más difícil de calibrar.
La Generalitat creó en 2013 el Programa Valenciano de Atención a la Salud para ampliar la asistencia a inmigrantes sin recursos que la hubieran perdido. El Centro de Estudios para la Integración de Inmigrantes estima que cerca de 200.000 personas ya no tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita en la Comunidad Valenciana aunque no llega a 3.000 el número de adhesiones al programa de atención a la salud.
“Desde el 1 de septiembre de 2012 no he vuelto a ver a muchos de mis pacientes habituales. El programa valenciano es casi clandestino porque no han dado ninguna información a usuarios ni han informado bien al personal de consejería. Yo soy médico y sé más por mi actividad en Odusalud que por la información que me ha dado Sanidad”, critica Antonio Bayón, portavoz de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar.
Pasaporte en vigor, estar empadronado más de un año y falta de recursos económicos son los requisitos para poder acogerse al programa pero en muchos casos no resulta tan sencillo. Un tercio de las incidencias detectadas por Odusalud en los últimos seis meses afecta a personas de Rumanía, miembro de la Unión Europea desde 2007.
La comunidad rumana es la que encuentra más problemas
“A todos los ciudadanos comunitarios se les exige el certificado de su país de exportación del derecho sanitario. Las personas de Rumanía tienen muchos problemas para obtenerlo porque no lo pueden pedir desde aquí. El sistema sanitario rumano no está centralizado, sino dividido por distritos, lo que supone aun más conflictos administrativos. Sin ese documento no se les tramita ni la tarjeta sanitaria normal ni la del programa valenciano para inmigrantes sin recursos”, detalla Amparo Picazo, miembro de Médicos del Mundo.
Aunque embarazadas, atención en urgencias y menores tienen legalmente garantizada la asistencia sanitaria, Odusalud denuncia que en la práctica no ocurre así. De las 213 incidencias que ha detectado en los últimos seis meses, 32 afectan a menores. La mayoría rumanos.
Desde noviembre de 2012, son 661 personas las que sufren desasistencia
“Los casos en que no se ha atendido a menores tienen como causa algún defecto administrativo. El menor tiene derecho a la atención sanitaria por el hecho de serlo y no se le puede negar por no estar empadronado o que le falte un papel”, critica Amparo Picazo. La sanidad pública valenciana realiza revisiones y vacuna a todos los niños para garantizar su correcto desarrollo. Picazo denuncia que los menores sin tarjeta sanitaria no están recibiendo ni siquiera las vacunas. “Dejar de vacunar niños es tercermundista”, sentencia Antonio Bayón.
Odusalud explica que la información que consiguen recabar solo representa la punta de un inmenso iceberg que son incapaces de abarcar. Las asociaciones que la componen recogen sus propios datos ante la ausencia de un control oficial de las personas que han salido del sistema sanitario.
La parte invisible del iceberg sanitario está compuesta por quienes se han autoexcluido y ya no acuden a las consultas. “No está estudiado, pero nos preocupa mucho el efecto disuasorio que tiene la emisión de facturas por la asistencia sanitaria. Si una persona no la puede pagar, la deuda queda en el expediente y, cuando pide el permiso de residencia, ser deudor ante la administración puede hacer que se lo denieguen. Si me hacen firmar un compromiso de pago, la siguiente vez, en lugar de ir al médico con 37 de fiebre, iré con 40. O no iré”, reflexiona Amparo Picazo.
Mujeres, europeas y ‘sin papeles’
Desde la entrada en vigor de los reales decretos que vincularon el derecho a la asistencia sanitaria al origen y la situación administrativa y laboral de las personas, el Observatorio Valenciano de Acceso a la Salud ha emitido siete informes con datos propios sobre la situación de la asistencia sanitaria en la Comunidad Valenciana. Entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, 213 personas han tenido problemas para acceder a la sanidad. Dos terceras partes de ellos, no han pasado de la ventanilla al acudir a los centros médicos.
La mayoría de las incidencias registradas por Odusalud (57%) afecta a mujeres. En el 51% de los conflictos registrados el paciente tenía una situación administrativa irregular. La gran mayoría de las incidencias han afectado a personas mayores de edad pero el 15% (32 personas) eran menores. En los últimos seis meses se han producido más de la mitad del total de incidencias registradas en menores desde 2012 (62 casos).
El séptimo informe de Odusalud muestra que el 35% de las personas que han sufrido algún tipo de desatención sanitaria son europeas. Una de cada tres tenía nacionalidad rumana. El 29% de las personas tenían origen latinoamericano y el 13% eran pacientes subsaharianos.
“Cuando llego al centro de salud porque necesito que me atiendan, lo primero que hacen es pedirme la tarjeta. Ellos mismos se la quedaron cuando dejó de ser válida, así que les digo que no tengo. Entonces me dicen que no me pueden atender si no estoy muy mal y me envían a la trabajadora social. Pero la trabajadora social no me va a curar. ¿Para qué voy a volver a ir?”, cuenta resignado José, boliviano de 53 años, con una diabetes crónica que no se controla desde hace dos años, cuando perdió la cobertura sanitaria.
El caso de José es uno de los más comunes ya que el 59% de los problemas registrados corresponden a personas que ni siquiera fueron atendidas directamente por personal sanitario sino de administración. Las asociaciones critican que los pacientes no tengan contacto con personas capaces de valorar correctamente si el caso se trata o no de una urgencia, en cuyo caso no se puede denegar la asistencia.
Una de cada tres incidencias consistió en la obligatoriedad de firmar un compromiso de pago de la asistencia médica. La falta de recursos económicos hace que facturas y el 15% de las incidencias está relacionada con la incapacidad de costear los medicamentos.
El 92% de los registros procede de las capitales de provincia, donde las asociaciones tienen más presencia. El 68% de las incidencias ocurrieron en centros de salud y especialidades mientras que el 14% se produjeron en hospitales o servicios de urgencia hospitalaria, donde se atiende a los casos más graves.
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