La CUP lleva a la Fiscalía el servicio de basuras de la ciudad de Tarragona

El servicio de recogida de basuras adjudicado por el Ayuntamiento de Tarragona se encuentra bajo sospecha. La CUP ha trasladado esta semana a la Fiscalía un escrito en el que relata presuntas anomalías fraguadas durante una década en la concesión del servicio, que acapara la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para que investigue si existen irregularidades en los contratos a lo largo de los últimos años.

Entre los acuerdos llevados a la justicia se encuentra el hecho de que el pleno municipal aprobase en diciembre de 2010 una modificación del contrato a favor de FCC en el que casi duplicaba la cuantía pagada a la empresa, llegando a pactar una concesión de 16,9 millones de euros. Y ello a pesar de que solo unos días antes un dictamen de la Generalitat advirtió al Consistorio de la “situación fraudulenta” que podría generarse.

El Ayuntamiento adjudicó en mayo de 2002 por 8,8 millones de euros anuales durante diez años a FCC la “recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria y de playas, gestión del vertedero municipal y de la planta de vehículos fuera de uso”.

En 2004, según la documentación remitida por la CUP a la Fiscalía, se aumentó hasta los 9,1 millones el importe inicial del contrato al sumarse el servicio de limpieza de playas. La polémica se inició en 2006, cuando se acordó una modificación en la que se elevó la revisión de los precios anuales de la concesión incrementando el IPC en un 1%.

La modificación fue propuesta por la empresa en un contexto en el que sus trabajadores amenazaban con convocar una huelga si no les subían el sueldo. “El Ayuntamiento a través de un acuerdo del pleno, con los votos a favor del PSC, CiU y PSC, consideró que podía aumentar los beneficios de una empresa privada con tal de desbloquear su problemática laboral”, esgrime la CUP de Tarragona. En ese momento, el interventor municipal advirtió de que este incremento no estaba establecido en el pliego de condiciones, algo que podría vulnerar “los principios de concurrencia”, según expone el escrito trasladado a la Fiscalía.

En 2009 se aprobó un nuevo plan de residuos municipales en el que Ayuntamiento habría constatado que la empresa FCC no cumplía con los objetivos previstos ni con los fijados por la Generalitat para la gestión de residuos. Ante este problema, el Consistorio podía optar entre varias opciones: rescindir el contrato llevando a cabo un nuevo proceso de adjudicación, o modificarlo. Y optó por esta segunda opción. FCC presentó entonces una nueva propuesta. Según el dictamen jurídico emitido por la Comisión Jurídico Asesora, dependiente de la Consejería de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, la empresa propuso “alteraciones remarcables”: eliminar su trabajo en la gestión de la planta municipal de vehículos fuera de uso, alargar diez años la concesión, alterar “datos económicos con una nueva fórmula de gestión de ingresos de la recogida selectiva”, elevar el importe de la concesión a 16,9 millones de euros y realizar una nueva inversión de 14 millones.

“Un contrato adjudicado por diez años pasaría a tener una vigencia de 20. Se prevé una duplicación”, expuso el dictamen jurídico de diez páginas, que remarcó que la duplicación también se hacía extensible al precio a pagar por ello con todas las consecuencias que implicaría para las arcas municipales y las otras hipotéticas empresas que podrían haber concurrido a un concurso, además de la existencia de informes municipales cuestionando a la operación.

“Todas estas circunstancias llevan a estimar que la propuesta no se corresponde con las exigencias de la legislación reguladora de la contratación de servicios públicos”, concluye el dictamen, por lo que rechaza las pretensiones entre FCC y el Ayuntamiento de Tarragona. El texto fue emitido el 9 de diciembre de 2010. Sin embargo, el Consistorio hizo caso omiso a estas advertencias y el 13 de ese mismo mes el pleno en una votación de urgencia aprobó, con los votos del PSC, ERC, ICV y el PP, las peticiones de la empresa.

Tras estas revelaciones, el Consistorio de Tarragona trató de defenderse a través de un breve comunicado en el que acusó a la CUP “de utilizar los juzgados para realizar acciones políticas”. “Todo se aprobó por unanimidad y se tramitó según la legalidad, estamos abiertos a colaborar en todo lo que requiera la justicia”, concluyó el Ayuntamiento.