Una excargo de ICV, a un paso de juicio por prevaricación

La juez ve indicios de “ilegalidad y arbitrariedad” en la autorización que una ex alto cargo de la Generalitat, Núria Buenaventura (Iniciativa per Catalunya Verds) concedió en 2009 para cazar de forma experimental pájaros con liga, un producto pegajoso en el que las aves quedan adheridas. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, ha dado por concluida la investigación sobre Buenaventura, que fue directora de Medio Natural del Gobierno catalán y, también, diputada de la formación ecosocialista.

Buenaventura está ahora a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación. La exdirectora se enfrenta a una pena de hasta diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por haber concedido 3.374 licencias excepcionales para la captura de fringílidos —una clase de aves— con liga, una modalidad de caza prohibida. Su decisión “provocó la muerte de 47.248 animales”, según explicó ayer el Centro Legal para la Defensa de los Animales, la entidad que ejerce la acusación popular en esta causa.

En su auto, la juez recuerda que las directivas europeas y otras normativas prohíben “los procedimientos masivos y no selectivos para la captura de animales”, aunque admite que se prevé la posibilidad de hacer una excepción “si no se perjudica el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las poblaciones que se trate”. En su declaración como imputada, Buenaventura alegó precisamente que se trató de autorizaciones con carácter experimental. Alegó, además, que se hizo de forma acotada y ajustada a derecho y que la caza fue supervisada por agentes forestales, lo que permitió llegar a la conclusión de que el sistema no era adecuado. La exdiputada defiende que su autorización estaba prevista en la normativa, que permite hacer excepciones para fines de investigación y educativos.

Pese a ello, la magistrada considera que la resolución dictada por la exdirectora del Medio Natural “era contraria” a la normativa, por lo que encajaría con un delito de prevaricación (dictar una norma a sabiendas de su injusticia). La juez concluye que hay “indicios de ilegalidad y arbitrariedad en la resolución”.

“Este caso es un ejemplo más del desinterés que tienen los partidos ecologistas, como ICV, en la defensa de los animales”, defendió el presidente de la entidad Centro Legal, Daniel Dorado. El caso arrancó a raíz de una investigación de la fiscalía en 2009, cuando se produjo la autorización.