Alaya imputa de nuevo a dos excargos tras la corrección de la Audiencia

La juez de los ERE cita a los exdirectores de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera a declarar como imputados el próximo mayo

Segunda toma con diferentes protagonistas. La juez Mercedes Alaya ha imputado por segunda vez a los dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, después de que la Audiencia de Sevilla le pidiera que detallara su primera acusación, al igual que ocurrió con la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez. Después de su inicial imputación en el caso ERE, que los jueces tumbaron por falta de motivación, Alaya  ha puntualizado en un nuevo auto sus acusaciones sobre una supuesta actuación negligente como exdirectores generales de Presupuestos de la Consejería de Hacienda.

La magistrada achaca a ambos su papel en el diseño presupuestario de los ERE por el que se pagó el fondo, un procedimiento que Alaya considera ilegal.

La Audiencia había anulado su imputación tras pedir “mayor precisión” en los indicios penales. Y la juez ha detallado sus acusaciones: “La fase de elaboración presupuestaria originó indiciariamente consecuencias de alarmante ilegalidad (...) degeneró en una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas [721 millones] y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía, pues no existía publicidad de tales subvenciones, no existían bases reguladoras”.

La juez considera que las subvenciones de la Consejería de Empleo no se tramitaron por el procedimiento legal y no fueron fiscalizadas como ayudas públicas, sino como simples transferencias de financiación [el mecanismo de pago elegido]. Mientras, el Gobierno andaluz defiende que el sistema empleado se incluía cada año en la Ley de Presupuestos, aprobada por el Parlamento, lo que la convertía en ley e imposibilitaba su ilegalidad.

Alaya imputa a Lozano y Aguilera la responsabilidad para “reflejar indebidamente gastos” y así ocultar información al Parlamento, que aprobó año tras año la Ley de Presupuestos, con una sola intención, según la magistrada: “Otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal”. La juez apoya sus tesis en los informes de la Intervención General del Estado y la Cámara de Cuentas andaluza, que censuran el método, aunque sin tildarlo de ilegal.

Alaya achaca a Lozano que permitiera “el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones” y acudiera a la reunión anual de técnicos para elaborar cada año el anteproyecto del Presupuesto, cuyo contenido era “analizar la eficacia de los programas” que se incluían en el dicho Presupuesto. En ese contexto, la acusación de Alaya concreta que Lozano, “en connivencia con otros, pretendía conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación”.

Según su tesis, el ex alto cargo “alteró” la realidad presupuestaria, concretamente en el presupuesto del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) “simulando la existencia de unos gastos” para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación.

Mientras, ante Alaya compareció ayer como imputado el número dos de Industria de CC OO, José Luis Montesinos, a quien la juez imputa haber mantenido “un negocio bilateral” con la consultora Vitalia por el que el sindicato percibió comisiones a cambio de facilitar información para los ERE. La Fiscalía Anticorrupción pidió para el dirigente sindical, que se negó a declarar, una fianza civil de 12.234 euros, informó Europa Press.

Por otra parte, tras la polémica por enviar Alaya al Congreso y al Senado a la Guardia Civil para que notificara imputaciones a varios cargos aforados, hace 10 días el Senado solicitó a Alaya el auto con la preimputación del senador y expresidente de la Junta José Antonio Griñán. Esta petición contravenía al presidente del Congreso, Jesús Posada, cuando aclaró que las Cámaras solo se comunicaban con los jueces de instrucción a través del Tribunal Supremo.

Tras el error que cometió Alaya al dirigirse directamente a las Cámaras y evitar al alto tribunal como vehículo de transmisión, ahora la juez subraya en una providencia cómo la directora de documentación del Senado le solicitó los dos autos de preimputación de Griñán, así como el auto de la Audiencia al respecto. Ante la pregunta de la secretaria del juzgado sobre si el conducto no debía ser el Supremo, la directora de documentación respondió que no era necesario “al tratarse de una comunicación ordinaria”.

En paralelo, la Guardia Civil se ha personado en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) para llevarse documentación relacionada con la Operación Madeja, dirigida por Alaya y en la que se investiga las contratas y supuestos sobornos de la empresa Fitonovo en diferentes Ayuntamientos andaluces y canarios. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), confirmó la petición de los agentes sobre una supuesta adjudicación irregular del anterior Gobierno (PSOE-IU) de obras en un polideportivo de la localidad.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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