Juicio contra cuatro policías por construir una casa ilegal en Córdoba

Dos policías locales de Córdoba del servicio de Medio Ambiente, que controla el cumplimiento de la normativa urbanística, son juzgados por construir ilegalmente un chalet en una parcelación irregular conocida como Torreblanca. En el banquillo de los acusados se sientan otros dos agentes del mismo cuerpo a los que el ministerio público acusa de no haber iniciado expediente alguno de infracción pese a conocer los hechos.

Los cuatro están acusados de un presunto delito de falsedad cometido por funcionario en el ejercicio de sus funciones. La fiscalía solicita para cada uno de los cuatro presuntos implicados tres años y nueve meses de prisión, una multa de 5.400 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante cuatro años.

El matrimonio de policías inició la construcción de la vivienda en el verano de 2007. En septiembre, una pareja de policías locales descubrió la obra ilegal. Aunque, “con la finalidad de evitar la responsabilidad de aquellos”, según la fiscalía, los agentes no iniciaron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático hasta enero de 2008, cuando descubrieron que el asunto iba a salir publicado en el diario Abc. Esta demora centró buena parte de la primera vista del juicio este miércoles.

Uno de los policías locales que descubrió la obra ilegal señaló que el matrimonio no se mostró colaborador, mientras que su compañero excusó la tardanza en que se encontraban realizando un curso intensivo que les ocupaba buena parte de la jornada laboral, junto a la falta de medios del servicio. “Nos peleábamos por tener un ordenador”, llegó a decir. El expediente no se cumplimentó hasta que el 11 de enero el matrimonio de agentes que había construido ilegalmente recibió la llamada de un periodista advirtiéndoles de que iba a contar la historia en la prensa y que el hecho de que la infracción estuviese todavía bloqueada en fase policial y no se hubiese elevado a la Gerencia Municipal de Urbanismo era una irregularidad.

La fiscalía sostiene que “unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado”, algo que niegan los acusados.