El Gobierno pagará los gastos de creación de nuevas empresas

La reducción del papeleo o trabas burocráticas para incentivar la economía es un clásico dentro de las promesas de todos los gobiernos y de los partidos. Es un compromiso que adquieren los presidentes de la Junta nada más tomar posesión del cargo. También, en el caso de la jefa del Gobierno andaluz, Susana Díaz. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto por el que asegura reducirá en un 33% los procedimientos que se exigen para crear una empresa. La Junta también se compromete a correr con los gastos notariales y de registro para la constitución de un negocio. Este decreto se tramitará como ley en el Parlamento.

Según un informe presentado en enero pasado por la Consejería de Economía, existen hasta 1.313 procedimientos administrativos, de los que 691 corresponden a autorizaciones que afectan a la puesta en marcha o desarrollo de la actividad económica. De estos 691, años atrás ya se simplificaron 156 requisitos. Quedan 535 que, según Economía, dificultan la actividad. La Junta tiene competencias propias sobre 220 requerimientos, de los cuales ha simplificado 64 trámites. De estos, 23 se sustituirán por la llamada declaración responsable en el que se manifiesta que cumple con la normativa vigente. Hay 130 que se mantiene por razones de interés general y en otros 26 procedimientos, la Administración andaluza “no puede meter la pluma”, en expresión del consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, porque están condicionados por la legislación estatal.

Las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento son las que se van a ver más favorecidas por la simplificación, aunque también son a las que más autorizaciones se les exige.

Una de las principales novedades del decreto ley radica en el apoyo de la Administración para la creación de empresas. Sánchez Maldonado dijo que la Junta se compromete a reducir los tiempos y trámites para la constitución de un negocio y a correr con los gastos notariales y de registro, estimados en unos 200 euros. Según Sánchez Maldonado, se disminuirá de un mes a cinco días el trámite de constitución de una cooperativa, en un máximo de 48 horas se impulsará la creación de una sociedad limitada y la autorización para las sociedades laborales se otorgará en tres días, frente a la media actual de tres meses. A los autónomos se les ofrecerá asesoramiento para darse de alta en un día. Maldonado no dio datos del impacto que estas medidas tendrán en el empleo. “Incrementarán el número de emprendedores, pero esto es un juicio de valor”, admitió.