Sandokán debe 69,3 millones por el impago de impuestos durante tres años

Cuando Rafael Gómez, conocido como Sandokán, anunció en diciembre de 2010 que se iba a presentar a las elecciones municipales con un nuevo partido, Unión Cordobesa, hacía más de un año que estaba imputado por el Juzgado de Instrucción 3 de Córdoba por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. En un auto fechado el 17 de julio de 2009, y que respondía a diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y a un decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba firmado el 23 de junio de 2009, se imputaba a Sandokán por el impago de 69,9 millones de euros del Impuesto de Sociedades de seis empresas: Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2001 de Inversiones, Grupo Inversor Arenal 2000, Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, Grupo Inmobiliario Arenal 2000 y Mezquita Sur de Inversiones. En la nota simple del Registro Mercantil a fecha de abril de 2014 sigue figurando el embargo decretado por este juzgado por un importe total algo menor: 69,3 millones de euros.

El TSJA ha prorrogado las medidas contra los bienes del edil

El auto de 2009 también reclamaba el pago del IRPF de 2003 a 2006 a la familia de Sandokán. Figuran como imputados por defraudación a la Hacienda Pública su esposa y los cuatro hijos del matrimonio. Como resultado de los impagos, el auto judicial ordenaba el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia: cinco fincas rústicas en la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra y otras cuatro en los pueblos de Freila y Gorafe, en Granada. Pero por encima de todas, destacaba el embargo preventivo de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó ilegalmente en 2005 y que le ha costado a Sandokán una multa de 20 millones de euros.

En ese mismo inmueble, el empresario anunció su salto a la política, convirtiéndose en 2011 en el líder del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, por delante de IU y PSOE y solo superado por el PP. Sandokán apeló ante la Audiencia de Córdoba contra las medidas cautelares decididas en esta causa.

El plazo para ejecutar el embargo de sus bienes cumple el 7 de mayo, pero el abogado de Estado pidió una prórroga y se le ha concedido concedido, informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El auto detalla los importes supuestamente defraudados por las empresas de Sandokán. Por el Impuesto de Sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado 1.032.601 euros del ejercicio 2004 y 15.482.749 euros del ejercicio 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5.893.511 euros por el ejercicio 2005 y Arenal 2000 suma más de 36 millones por las deudas de 3.491.529 del ejercicio 2003, 203.616 euros de 2004 y 32.503.999 euros por el ejercicio 2006. En el caso de Arenal 2001 se adeudarían 884.194 euros del ejercicio 2003, 903.107 euros del ejercicio 2004 y 6.445.229 euros del 2006. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.912 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros 2.072.554 euros del 2006.

Rafael Gómez vuelve en mayo al banquillo de los acusados

En cuanto al Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), el auto detalla que el propio Rafael Gómez debía un total de 211.293 euros en 2003, 844.912 en 2004 y 1,03 millones en 2005. Su esposa debía también en concepto de IRPF 211.293 euros del 2003, 857.202 del año siguiente y 803.599 del 2005. Su hija también aparece en el auto por un débito de IRPF de 129.883 euros de 2005. Además, el juez reclama los pagos al Impuesto sobre el Patrimonio, estimando que Sandokán adeuda 740.430 euros del ejercicio 2004 y su mujer 677.505 euros del mismo año. Por último, se detalla otro débito con la Agencia Tributaria referido al ejercicio 2004 en el que no se habría aplicado retención por IRPF a la sociedad Mezquita Sur de Inversiones (la que construyó las naves ilegales de Arenal 2000) por un total de 1.156.559 euros.

Sandokán ya ha sido condenado a seis meses de cárcel por cohecho en el caso Malaya, la trama de corrupción destapada en Marbella (Málaga). Además, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la multa de 20 millones de euros por edificaciones fuera de ordenamiento.

El empresario, constructor y político va a volver a sentarse en el banquillo. El miércoles 14 de mayo está citado por el Juzgado de lo Penal 3 para ser juzgado, junto a su esposa y a su yerno, como autores de un presunto delito de desobediencia al no enviar su relación de bienes.

El fiscal solicita nueve meses de cárcel. Todo el caso deriva de una denuncia de 2010 por un presunto impago de 55.000 euros por parte de Grupo de Empresas Rafael Gómez. El escrito asegura que los bienes de la empresa fueron requeridos por el juez hasta en tres ocasiones y, ante la falta de respuesta, se decidió instruir la causa contra Rafael Gómez, su esposa y su yerno, administrador del grupo.