El fiscal se querella por pagos inflados de la Xunta a un pariente de Louzán

La investigación por un presunto sobreprecio en la expropiación que pagó la Xunta al dueño de una empresa que explotaba una cantera de granito en Meis y que es familiar del presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, ha sido enviada al juzgado. Después de casi un año recabando pruebas documentales, la fiscalía presentó querella contra Juan Luis Abal Piñeiro, el administrador de Aricur, SL, que percibió 1,2 millones de euros por poner fin a una actividad empresarial que fue tasada por ingenieros independientes en 500.000. El fiscal de Delitos Económicos acusa a Juan Luis Abal de un presunto delito contra la Hacienda Pública por no haber declarado los correspondientes impuestos del dinero de la expropiación abonado por la Xunta en varios pagos a partir de 2009, según confirmaron fuentes relacionadas con el caso.

La querella se hace también extensiva a un técnico de la Xunta que intervino en el proceso de expropiación de la cantera explotada por Aricur (Áridos Curro) y otro que representaba a la consultora gallega Topo 2000, a la que se le encargó la tasación. Ambos están acusados de presuntos delitos de estafa, falsedad documental y malversación de dinero público, según la investigación. El expediente de expropiación de la cantera de Meis para construir la variante de Curro fue iniciado por el gobierno bipartito PSOE-BNG, que encargó el proyecto de las obras. El proceso y consiguientes depósitos previos quedaron paralizados coincidiendo con las elecciones de 2009 y la entrada del PP al frente de la Xunta. El Gobierno de Feijóo retomó los trámites de ocupación de los terrenos y a continuación firmó el finiquito.

La investigación de la fiscalía constató el elevado sobreprecio de la tasación oficial de la actividad en el yacimiento basándose en los datos económicos de la empresa que fueron solicitados a la Agencia Tributaria. Según estos informes, en los cuatro años antes de iniciarse las gestiones de expropiación, Aricur apenas alcanzaba un promedio anual de 20.000 euros de ingresos por la venta de granito. Además, la empresa no era la propietaria de los terrenos sino dos comunidades de montes a las que se les pagaban un alquiler por explotación de la cantera. Una circunstancia esta última que puso todavía más en evidencia el justiprecio que aprobó la Xunta a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que preside Agustín Hernández y que en realidad pagó por una actividad comercial sobrevalorada, según consta en las diligencias. Con los datos de la Agencia Tributaria y los balances contables de la empresa, la fiscalía encargó otra tasación pericial para despejar cualquier duda en el justiprecio. El cálculo lo hizo un ingeniero colegiado independiente que valoró la actividad de la empresa en la cantera expropiada en 500.000 euros, contradiciendo de manera flagrante la evaluación de los técnicos que representaban a la Xunta.

Antes de presentar la querella en el juzgado, el fiscal del caso citó a declarar como imputados a José Luis Abal y a los dos técnicos invlucrados. Previamente a su comparecencia en la fiscalía, el administrador de Aricur pagó 300.000 euros para saldar la deuda contraída con Hacienda, que ya le había abierto un expediente sancionador al inicio de la investigación. Esta regularización administrativa no ha paralizado el proceso penal abierto: podría tener efectos atenuantes para el empresario pero no eximentes, según las fuentes judiciales consultadas. En todo caso, el juzgado tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia del fiscal para continuar con la investigación, que además de las responsabilidades penales que pudieran derivarse del sobreprecio de la expropiación conllevaría la devolución de la cantidad que indebidamente percibió la empresa.