Caballos de élite en el limbo

En un entorno privilegiado, entre los municipios de Sabadell y Polinyà, se ubica desde hace casi ocho siglos la masía Ca n’Alzina. Los campos de cultivo, el bosque y el río la habían acompañado en el paso del tiempo. Pero desde hace tres décadas los caballos trotan por la finca. Y en el último lustro han aparecido cerca de una decena de construcciones. El problema es que el terreno que rodea la masía es suelo no urbanizable, por lo que sin un plan especial —que no existe— no es posible levantar ni inmuebles ni la hípica.

El Ayuntamiento de Sabadell ha abierto seis expedientes a los propietarios, la familia Elias, y ha precintado una pequeña parte de las instalaciones. Concretamente, un box portátil para caballos y parte de una caseta de madera que cobija al público, unas instalaciones que se colocaron hace pocas semanas para la celebración de un campeonato internacional. “Es porque están en terrenos de Sabadell, pero lo moveremos y ya está”, explica Lucas Elias. La finca ocupa unas 16 hectáreas, de las cuales 13 están en suelo sabadellense y el resto en Polinyà.

Según el Ayuntamiento, los expedientes se han abierto desde hace un año por las múltiples irregularidades detectadas, entre las cuales destaca la instalación de boxes para los caballos, el vertido de tierras, la tala de árboles, la instalación de iluminación exterior, de duchas para los animales y de soleras de hormigón, así como la construcción de una nave de madera y la colocación de vallas en toda la finca, cerrando el camino de acceso.

Pero el caso ha salido a la luz ahora por las denuncias de la Entesa per Sabadell, en la oposición, que supo de las irregularidades cuando se empezó a tramitar el Plan Especial del sector de ca n’Alzina, promovido por los propietarios para “regularizar” y “ajustar las ordenaciones de las edificaciones existentes, usos y espacios libres a las necesidades actuales”, según consta en la memoria del proyecto. “El plan es necesario porque hay construcciones que sobrepasan la normativa”, admite Isabel Margarit, abogada de la familia, quien añade que la finca cuenta con algunas licencias de obras concedidas por Polinyà.

El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno de Sabadell en diciembre y en breve debe llegar al pleno y a la Comisión de Urbanismo de Barcelona, que debe ratificarlo definitivamente. Eso si no se producen modificaciones en el proceso. El equipo de gobierno local (PSC) no toma partido sobre el Plan “hasta tener todos los informes técnicos”. De los seis expedientes abiertos, Sabadell ha decidido paralizar dos hasta que el proyecto esté aprobado y ver qué elementos quedarán legalizados. “Se podrá determinar o bien la legalidad de las actuaciones o bien la necesidad de medidas correctoras o bien la declaración que las obras no pueden ser convalidadas”, dice el Ayuntamiento. La última opción supondría la demolición. Lo que el Consistorio no aclara es el motivo de esperar al Plan Especial, cuando la normativa vigente ya determina qué actuaciones son ilegales y las medidas a tomar.

Desde Entesa per Sabadell, que ha llevado el caso a la Fiscalía, consideran que el Ayuntamiento “ha tolerado” las irregularidades porque “conocía el caso desde hace años, pero no se ha producido ninguna sanción”, sostiene la concejal Virginia Domínguez, quien acusa al gobierno local de “connivencia”.