El botín de la corrupción

Novedosa y plausible a nuestro entender ha sido la resolución del juez Juan Climent mediante la que dispone que se deposite en un contenedor de ropa, de los instalados con fines sociales, todo el ropero recibido por quien fuera jefe del gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo que, como se recordará, fue condenado en el marco del caso Gürtel por el mismo delito del que, paradójicamente, fue absuelto el exmolt honorable Francisco Camps. Pero no es éste el asunto judicial que ahora nos ocupa, sino la referida puesta a disposición de los ciudadanos que lo necesiten de lo que en su día y en forma de prendas de vestir fueron dádivas o parte del botín obtenido por el aludido político.

Este episodio, en tanto que insólito y acaecido en esta Comunidad, fue calificado de “estrafalario” en un medio televisivo estatal que lo homologaba con las no pocas extravagancias en las que ha abundado por estos pagos el universo autonómico de la corrupción. A nuestro juicio, sin embargo, significa un precedente de lo que debería ser el desenlace de los desmanes padecidos. Y ese desenlace no es otro que, además de la pena que conlleve el delito, la recuperación de los dineros o patrimonio de titularidad pública para quienes son sus legítimos dueños: los ciudadanos. A este respecto resulta escandalosa la cantidad de presuntos —es un decir— corruptos, las causas abiertas y los miles de folios escritos a lo largo de inacabables diligencias que, en conjunto, contrastan con los pírricos resultados conseguidos.

Al filo de lo que decimos nos parece llamativo que nunca se haya realizado una estimación económica de los recursos que esta Comunidad ha perdido o está en trance de perder debido al saqueo padecido. Comprendemos la dificultad de tal cometido, pero sería tan ilustrativo como aleccionador divulgar la millonada que aproximadamente nos han costado o costarán los patibularios de Emarsa, los esnobs de Nóos, los zánganos del caso Cooperación, las sanguijuelas de la banca y cajas de ahorros perdidas, las facturas falsas de Terra Mítica, la epidemia municipal del urbanismo, las prevaricadoras adjudicaciones de basuras de La Vega Baja, los innumerables enriquecimientos súbitos al calor de los amiguismos políticos, RTVV e incluso los regalos que han abonado las complacencias de algunos gobernantes. Y etcétera, pues la nómina no acaba ahí.

Nos han esquilmado y es dudosa la reparación del daño material infringido, por no aludir al descrédito irrogado a la imagen comunitaria. Aquí los delitos de cuello blanco gozan de fuero especial. Este país sigue siendo un paraíso fiscal para los opulentos y un paraíso legal para los políticos desvergonzados. Unos y otros están acorazados por privilegios anacrónicos que ni siquiera fueron limitados por los gobiernos socialistas. Se comprende que el fenómeno de la corrupción nunca haya sido abordado por unos y otros con rigor y voluntad política de acotarlo en la medida que nos homologue con las sociedades más democráticas de nuestro entorno. Es una tarea que habrá que acometer cuanto antes como una primera transición hacia la honradez.

Así pues, por contraste con lo que acabamos de exponer, la resolución del juez es excepcional cuando, de un nutrido censo de imputados y procesados, solo uno está preventivamente en el trullo y otro ha de restituir del modo descrito la indumentaria infamante. El botín de la corrupción sigue a salvo.