La Generalitat pagará 110.000 euros por el crimen de la Patum de Berga

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el último recurso de la Generalitat para no pagar los 110.475 euros con que fue condenada a indemnizar a la familia de Josep Maria Isanta, asesinado en las fiestas de la Patum de Berga en 2005, por los fallos del dispositivo policial. En un auto, el tribunal desestima el incidente de nulidad con que la Generalitat quería revocar la sentencia, pese a tratarse de un fallo firme contra el que en principio no cabía recurso.

Josep Maria Isanta murió asesinado por una quincena de jóvenes que le acorralaron en un concierto alternativo de las fiestas de la Patum la noche del 27 de mayo de 2005, en un crimen que siempre estuvo envuelto en polémica por la insuficiente vigilancia policial, denunciada por el entorno de la víctima y testigos del crimen. El auto, que es firme, reprocha a la Generalitat que, a través de un incidente de nulidad —reservado para situaciones de vulneración de derechos fundamentales—, pretenda ahora “reconstruir un proceso” e introducir “nuevos elementos de debate que pudo hacer en otro momento procesal”.

La Generalitat pedía anular el proceso, alegando que el Ayuntamiento de Berga no fue parte en la causa pese a ser “evidente” su participación en el diseño y gestión de los dispositivos de seguridad, y argumenta que, de haber sabido que el TSJC evaluaría la actuación del conjunto de Administraciones, habría pedido la citación del Consistorio como codemandado. El TSJC reitera ahora en su auto que los fallos del dispositivo policial se debieron “no solo a un hecho, sino al conjunto de una deficiente planificación previa del dispositivo para aquella noche, el cambio sorpresivo del punto estático, la inexistencia de agentes de paisano y la negligente gestión de las llamadas”.

El tribunal aclara que cuando en su sentencia aludió a una “sinergia negativa” en la actuación de los Mossos d'Esquadra, que en el momento del crimen dirigía Montserrat Tura (PSC), se refería a ese cúmulo de fallos, no a la falta de coordinación de Interior con otras administraciones.

De esta forma, el tribunal da la razón a la familia de Isanta, representada por el abogado Jordi Busquets, que en su escrito de oposición al incidente de nulidad acusó a la Generalitat de buscar “un reparto de culpas y negligencias concurrentes con otras administraciones, con el objetivo único de dilatar el procedimiento”.