Prisión “inmediata” para dos penados del ‘caso Pallerols’ 15 años después

El empresario andorrano Fidel Pallerols y el ex secretario de Organización de Unió Democràti-ca (UDC) Vicenç Gavaldà deberán ingresar en prisión. Y no pueden tardar mucho. La Audiencia de Barcelona ha ordenado su entrada de forma “inmediata y voluntaria” en la cárcel, ejecutando así la sentencia que condena a ambos a siete meses de cárcel por fraude de subvenciones europeas. La decisión es el resultado de la negativa del Gobierno de concederles el indulto, que solicitaron como última opción en abril del año pasado. Pallerols y Gavaldà fueron condenados el 21 de enero de 2013 en lo que se conoce como caso Pallerols por haber desviado fondos de la UE destinados a parados que acabaron en manos de Unió Democràtica.

Es la primera vez que se acredita judicialmente la financiación irregular de un partido, y ha costado 14 años de instrucción y un camino árido, plagado de recursos, archivos y reaperturas. Finalmente, dos de los condenados por fraude en subvenciones deberán entrar en la cárcel. Ambos han gozado de un año extra de libertad porque la Audiencia suspendió el ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno decidiese si les indultaba. Aunque el panorama se dibujaba ya bastante negro para el empresario andorrano y el expolítico puesto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ya se había pronunciado públicamente en contra de indultar a políticos corruptos. Asímismo, en este caso contaban con informes en contra de todas las partes: el tribunal sentenciador, la fiscalía y las acusaciones particulares.

También pidió un indulto el hermano de Gavaldà, Lluís, que era en aquella época director de Trabajo de la Generalitat, y que fue condenado a un año y medio de cárcel por malversación. El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre su solicitud, aunque cuenta con los mismos informes desfavorables.

No hay una fecha concreta para el ingreso en prisión. Según fuentes judiciales consultadas, lo normal en estos casos es dar margen a los condenados durante los días festivos de Semana Santa. Los abogados de ambos, Manuel González Peeters y Berta del Castillo, han presentado un escrito a la Audiencia solicitando el aplazamiento de la ejecución durante 15 días, para “preparar el ingreso en prisión” de sus clientes.

El caso Pallerols se remonta a los años 90 del siglo pasado (entre 1994 y 1999). Durante esa época se desviaron 388.484 euros de fondos europeos destinados a la formación de parados para financiar UDC. Los hermanos Gavaldà se valieron de las sociedades de Pallerols, que recibían esas subvenciones, para obtener parte del dinero y usarlo para pagar mobiliario de distintas sedes del partido y a militantes que el empresario andorrano tenía en nómina, aunque realmente no ejercían ninguna función en sus compañías.

Los acusados aceptaron una sentencia de conformidad, que rebajaba las peticiones iniciales de la fiscalía de hasta cuatro años de prisión a condenas inferiores a dos, y retiraba los cargos contra otros dos implicados. Unió Democràtica, junto a los condenados, tuvo que devolver de forma solidaria la cantidad defraudada. En total, fueron condenados los hermanos Gavaldà, el empresario Pallerols y el militanto democristiano Santiago Vallvé tuvo que pagar una multa.

La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ordenó entonces la ejecución de la sentencia. Algo que sorprendió a los implicados porque normalmente, en penas inferiores a dos años en personas sin antecedentes, suele conmutarse la pena. El tribunal esgrimió “prevención general”. Consideró de “incuestionable gravedad” el comportamiento de Pallerols y los hermanos Gavaldà que “coloquialmente se denomina corrupción política a través de una trama organizada”, y decidió que su caso serviría de ejemplo para “frenar” ese tipo de conductas. Sería “obsceno” que las decisiones de los jueces no sirvieran de “cortapisa” para la corrupción, según alegó la Audiencia. De lo contrario, se daría una situación de “cuasi impunidad” de “políticos y poderosos” que “sucumbieron a las ventajas que proporciona el ejercicio del poder”.

El auto señaló también “lo inadmisible que resulta que algunas personas que se deciden dedicarse a la noble función del ejercicio de la política (...) incurran en conductas corruptas”. Y más en una época de crisis económica con “personas que a diario engrosan los dramáticos índices de desempleo” y son sometidas a “continuos recortes en servicios sociales” y a una “demanda de sacrificios” que se ceba con los “más débiles”.

Los condenados recurrieron sin éxito la decisión de la Audiencia y finalmente pidieron el indulto. Alegaron que la trama ocurrió hace muchos años, y que en la actualidad los condenados son personas insertadas en la sociedad y alejadas de la política, por lo que la entrada en prisión sería más un perjuicio que un beneficio. Además, esgrimieron que han resarcido ya el daño causado, pagando los 388.484 euros defraudados.

El fiscal Fernando Rodríguez Rey se opuso a la medida de gracia, porque es un “remedio extraordinario” que no reunían los acusados. Se opuso porque considera que el indulto es un "remedio extraordinario" y que no está justificado por ninguna circunstancia. El indulto “ha de ser limitado y cauteloso para no provocar graves perturbaciones del ordenamiento jurídico”, dijo. Una postura refrendada por el tribunal sentenciador y por las acusaciones. El Gobierno, basándose en esos informes y en el principio defendido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de no indultar a corruptos, ha denegado su petición.