Absuelta la exedil del PP del delito de tráfico de influencias

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a María Nieves Sáez de Adana (PP), exconcejal presidente del distrito de Latina, del delito de tráfico de influencias, según la sentencia dictada este lunes, a la que tuvo acceso EL PAÍS. Sáez de Adana fue llevada a juicio porque la junta municipal de la cual era presidenta adjudicó en 2004 la reforma del colegio Joaquín Dicenta a la empresa Urbasa, cuyos administradores eran la arquitecta Beatriz Barrachina y Salvador Ballarín. Ambos son cuñada y hermano de Borja Ballarín, el entonces jefe del Departamento de Servicios Técnicos de esta junta. La Fiscalía pedía siete meses de prisión y una multa de 10.418,65 euros, además de otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La Fiscalía se basaba en que Sáez de Adana había presionado a Elena Fernández Cruz, una gerente del distrito, a que firmara la adjudicación. Fernández se había negado inicialmente a firmar el documento tras saber de la relación de parentesco entre el jefe de servicios técnicos y los administradores de la empresa.

Durante el juicio, celebrado la pasada semana, la exedil aseguró no haber presionado a Fernández a que firmara la adjudicación. Sin embargo, aclaró que, en caso de que la gerente se hubiera negado a firmar el documento, sí lo hubiera "pedido" a que lo firmara porque la reforma tenía que ser realizada con urgencia.

Explicó, además, que sugirió que se encargara la reforma a la arquitecta Beatriz Barrachina porque esta había hecho un trabajo “magnífico” en el distrito de Villaverde. Cuando supo que Barrachina era la cuñada del jefe de servicios técnicos, se dirigió a los servicios jurídicos de la Junta, que aseguraron que no "había ningún problema", según contó ante el juez. La ley permitía que contratos menores fueran adjudicados a partir de la fórmula "negociada", sin concurso, según explicó. En total, fueron firmados tres convenios con Urbasa.

El pasado 10 de abril, el jurado declaró no culpable la exedil de PP. La sentencia de este lunes considera probado que la exedil presionó a Fernández a que firmara el contrato, pero que lo hizo por la "urgencia de la realización de la obra". Y no consideró probado que la presión hizo con que la gerente cambiara de postura, ya que esta aseguró, en su declaración, no haberse sentido presionada; y que tomó libremente la decisión de firmar el documento tras analizarlo con calma.