Los grandes Ayuntamientos se resisten a aclarar si darán apoyo a la consulta

La consulta soberanista tiene un futuro incierto tras el rechazo del Congreso a ceder la competencia y la sugerencia verbalizada por Artur Mas de reconvertir unas elecciones autonómicas en plebiscitarias. Pese a los escollos, el Departamento de Gobernación continúa impasible en su misión de organizar la votación para que todo esté listo el 9 de noviembre. La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, remitió el de marzo 28 una carta a los más de 900 alcaldes para conocer su grado de compromiso con la consulta para que faciliten el padrón y, sobretodo, para saber con cuántas dependencias municipales se podrá contar para instalar las urnas. Hasta el viernes, 230 ediles, en su mayoría de municipios medianos y pequeños, habían garantizado su cooperación, pero los grandes Consistorios del Área Metropolitana, gobernados por el PSC, se resisten a implicarse.

Xavier Trias, alcalde de Barcelona, brindará su apoyo —ya dio luz verde a facilitar el padrón— pero dos Ayuntamientos del cinturón, dirigidos por socialistas, dan una idea de cuál será su papel: Antoni Balmón, alcalde de Cornellà y secretario de Organización del PSC, replicó a Ortega que la consulta debe de ser pactada y acordada con el Estado, que es la estrategia de los socialistas; y el de Sabadell, Joan Carles Sánchez, insistió, en declaraciones a este diario, en que no tiene por qué pronunciarse cuando no está convocada la consulta y ni siquiera hay aún una una ley que la ampare.

El Ayuntamiento de Badalona, gobernado en minoría por el PP, aprobó hace un mes, a instancias de la oposición, una moción no vinculante, en favor de ceder el censo. El alcalde Xavier García Albiol, contrario al proceso, preparaba el viernes la respuesta aunque fuentes municipales avanzaron que esta “se ajustará a la legalidad”. Posiblemente, algo parecido dirá Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, del PP, que en el pleno de enero, a preguntas de Iniciativa per Catalunya sobre su disposición a ceder el padrón, afirmó: “Estoy seguro de que los alcaldes de Tarragona, Hospitalet, Gavà, Viladecans [todos del PSC] o el de El Prat, como el de Castelldefels, cumpliremos la legalidad”.

La apelación a la legalidad también la han esgrimido alcaldes socialistas. Es una suerte de subterfugio porque son conscientes que el Gobierno central recurrirá ante el Constitucional desde el minuto uno la ley catalana de consultas —que está en fase de anteproyecto— y el decreto de convocatoria del referéndum. Tras la lectura de las cartas recibidas, Gobernación interpreta que 230 Ayuntamientos, muchos de CiU —entre ellos, Girona, que vota hoy una moción de apoyo, Igualada, Manresa o Sitges— garantizan su compromiso. 13 dudan —demandan si es necesario explicitar el respaldo en un pleno, y en principio así deben hacerlo— y seis se niegan. Entre estos la Generalitat entendió que figuraban Cornellà y Sabadell. Sin embargo, Sánchez, que en su respuesta a Ortega, apela tanto a su lealtad con la Generalitat como a la legalidad vigente, rechazó que se le adscriba al bloque del no. “No tengo por qué posicionarme. Lo hará el pleno cuando llegue el momento. Cumpliré la legalidad. Veremos cuál será”, dijo, recordando que Sabadell aprobó el 10 de marzo una moción consensuada con grupos independentistas de apoyo al referéndum en la que recogía su disposición a ceder incluso infraestructuras para votar. El caso de Gavà (PSC), que en su día también aprobó otra propuesta en favor del derecho a decidir, es paradigmático. Gobernación lo sitúa en la lista del sí pero el Consistorio avisa que esa lectura no es la correcta pero tampoco la contraria. Fuentes de Gobernación señalaron que no tendrán ningún inconveniente en cambiarlos de bloque si han errado en su apreciación.

El papel de los Consistorios es vital: de ellos dependerá la entrega del padrón y son los titulares de muchas escuelas donde se suelen ubicar los colegios electorales. Por ello, Gobernación necesita con antelación dibujar el mapa logístico. Su idea es situar las mesas en las instalaciones autonómicas que disponga en un municipio si su Ayuntamiento no coopera en la organización. Los alcaldes son también los jefes de la policía municipal y si no dan la orden de velar por la seguridad del referéndum, deberán asumirla los Mossos.

El plan de Gobernación es reducir a la mitad el número de colegios para facilitar la organización y la neutralización de posibles incidentes al entrañar la consulta mayor riesgo de boicoteo que cualquier otra cita electoral.

La ponencia de la Ley de Consultas acelera ahora el redactado de la norma y acaba de recibir un respiro. La titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-administrativo de Barcelona avisó en un auto que los Ayuntamientos estarán obligados automáticamente a ceder los datos del padrón, sin necesidad del consentimiento del afectado, en cuanto se apruebe la norma y se especifique su materia de competencia.

La resolución se produjo después de que el Consistorio de Cabrils aprobara ceder el censo. No lo ve así Ciutadans, que no participa en la citada ponencia. El partido de Albert Rivera ha enviado instancias a medio centenar de alcaldes donde tiene representación municipal (cuatro Ayuntamientos) o agrupaciones y advierte que recurrirá por la vía administrativa o la penal si se ceden filiaciones sin permiso en virtud del derecho a la protección de datos o del deber de secreto, porque entiende que, como dice la diputada Carina Mejías, la Generalitat carece de competencia sobre la soberanía de Cataluña.