El Valedor pide devolver el dinero cobrado en Punxín por agua con arsénico

Al agua con arsénico de los grifos de Punxín (Ourense) le ha salido un nuevo enemigo. El Valedor do Pobo ha emitido un contundente informe en el que ampara las reclamaciones de los vecinos, encerrados en el Ayuntamiento desde hace dos semanas para exigir agua no contaminada a un precio razonable. La recomendación del alto comisionado –determinar la responsabilidad sobre el suministro de agua tóxica y devolver lo cobrado indebidamente– llega al pueblo el mismo día en el que el alcalde ha rechazado participar en una reunión con los encerrados y con representantes de unas 400 asociaciones vecinales de toda Galicia, desplazados hoy hasta Punxín para solidarizarse con los afectados. El regidor del PP, Manuel Vázquez, ha preferido irse de vacaciones a Canarias esta misma mañana.

Tras una investigación iniciada hace cinco meses, el informe del Valedor recomienda que “con urgencia y de oficio se determine la responsabilidad derivada del suministro de agua contaminada, de su posterior uso para fines limitados y de la falta de adecuado saneamiento y depuración”. También pide “reclamar a la empresa concesionaria la devolución del cobrado indebidamente”, investigar el “estricto cumplimiento” de las condiciones de la concesión y que “se exija la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida a los vecinos” si hay incumplimientos.

El escrito del Valedor no es el único refuerzo llegado hasta Punxín. Más de un centenar de personas se han sumado por unas horas al encierro vecinal. Representantes de la Confederación Galega de Asociaciones de Vecinos (Cogave) se desplazaron hasta este pueblo de 700 habitantes para apoyar la lucha vecinal contra el agua envenenada a precios prohibitivos. Tras cortar el tráfico de la carretera nacional N-541 durante unos minutos, han criticado el “abandono” de la Administración ante una reclamación “tan básica como agua en condiciones de salubridad a un precio razonable”. Al presidente de Cogave, Jesús Vázquez, le parece “increíble” que haya vecinos que “en el siglo XXI tengan que encerrarse para pedir agua potable, algo más propio del siglo XIX”.

El encierro que ha convertido el salón de plenos en un salón-comedor continuará. Allí permanecen por turnos ancianas octogenarias, recién jubilados o parejas de jóvenes residentes en la zona. Alguno de ellos agita en sus manos recibos de 50 euros por agua que no pueden beber. Todos denuncian al unísono un “abandono incomprensible” por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Ourense, así que anuncian protestas más contundentes. "Nos van a obligar a ello”, pronostican. “Somos pacíficos, pero es incomprensible que nadie nos haga caso en algo tan básico y razonable”, matiza Joaquín Moldes, portavoz de los afectados.

El Valedor do Pobo, Julio Fernández, y las asociaciones vecinales de toda Galicia no son los únicos escandalizados. La justicia también ha puesto el foco sobre el agua con arsénico que sale de los grifos de este municipio. La instrucción judicial de la Operación Pokémon incluye extensos informes que también destapan presuntos delitos en Punxín. Según la Guardia Civil, Aquagest cometió un delito contra la salud pública al servirles “a sabiendas agua contaminada”. Por su parte, Vigilancia Aduanera atribuye delitos de cohecho y tráfico de influencias al exalcalde socialista, Alfredo Cruz, que privatizó el agua en un proceso presuntamente irregular en 2010. El servicio costaba 38.800 euros al año antes de ser entregado a la empresa. Después se disparó hasta los 107.000 euros anuales y los recibos multiplicaron su importe por tres.