PSOE e IU llegan a un acuerdo que evita la fractura en Andalucía

El gobierno andaluz ha anunciado, pasadas la 01.30 de la madrugada, un acuerdo entre PSOE e IU sobre el conflicto de la corrala La Utopía de Sevilla, cuyas familias fueron expulsadas por la policía y posteriormente realojadas en ocho pisos del parque público de viviendas. Socialistas e IU mantuvieron el viernes una reunión de más de cinco horas en el Parlamento para evitar una ruptura que desembocaría en la convocatoria anticipada de elecciones. Sobre las 23.30, las negociaciones se suspendieron. El PSOE se mostró satisfecho con los “avances”, pero desde IU no consideraron cerrado el acuerdo. Los socialistas se marcharon, pero los dirigentes de IU se quedaron en las dependencias del grupo parlamentario hasta que esta madrugada se ha anunciado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado un decreto (que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), restituyendo las competencias que hace dos días le retiró a la consejería de fomento, dirigida por Elena Cortés, de Izquierda Unida. Díaz le retiró la facultad de adjudicar viviendas del parque público de Andalucía.

Las ocho familias que ya estaban realojadas de forma transitoria en viviendas públicas de la Junta "pueden permanecer provisionalmente" en esos inmuebles hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social, según un comunicado enviado por la Oficina del portavoz del Gobierno andaluz recogido por Efe. En el caso de las otras nueve familias que iban a ser realojadas en viviendas de alquiler privado, "queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojamiento".

Socialistas e IU han jugado en el último día a echar pulsos. Sobre las dos de la mañana del viernes, el Ejecutivo de Díaz anunció la publicación en el BOJA del decreto por el que retiraba a la Consejería de Fomento, dirigida por IU, la potestad para efectuar realojos temporales por razones de emergencia en viviendas públicas de la Junta, el cauce legal que alegaban los responsables de Fomento para ofrecer casas a los desalojados de la Utopía. La presidenta firmó el decreto después de que el comité de enlace de PSOE e IU celebrara una reunión de 12 horas.

La decisión provocó un monumental enfado en la federación, cuyo coordinador, Antonio Maíllo, fue advertido también de madrugada. En la federación se tachó la decisión de Díaz de "soberbia" y "prepotente". "Anuncié que iba a hacerlo y eso es lo que he hecho", comentó Díaz a las nueve de la mañana, antes de un acto con la candidata socialista a las elecciones europeas, Elena Valenciano. El decreto dejaba abierta también una puerta de salida. La decisión de retirada de competencias era temporal. La líder socialista estaba dispuesta a revocarla en el momento en que IU aclarase con todo lujo de detalles los expedientes de realojo de las familias y demostrara que estaban revestidos de total legalidad. En esa tarea estaban anoche. IU convocó de urgencia a su comisión delegada, en la que están presentes todas sus ramas políticas. En esa reunión nadie apostó por la ruptura del pacto, salvo las minorías que siempre se han opuesto a cualquier acercamiento a los socialistas. A esta reunión asistieron el coordinador general, Cayo Lara, y el secretario general del PCE, José Luis Centella, con el que Díaz mantiene unas relaciones muy fluidas.

Maíllo culpó directamente a Susana Díaz de provocar "una crisis de Gobierno" al publicar el decreto de retirada de una competencia a Fomento. La cifra final de familias a las que IU ha estado buscando vivienda tras el desalojo de la corrala era de 17, según precisaron el viernes fuentes de Fomento. Ocho de ellas han sido realojadas en pisos públicos de la Junta y para las otras nueve se estaba gestionando un alquiler en viviendas del mercado privado, un proceso que no se interrumpió durante el miércoles y el jueves, cuando la brecha entre los socios de coalición ya estaba abierta y dirigentes de ambas formaciones negociaban para salvar el pacto de gobierno. Pero el decreto firmado por la presidenta dejó sin opciones para culminar la operación al departamento dirigido por Elena Cortés.

Maíllo insistió en varias ocasiones en que la Consejería de Fomento había actuado con absoluto rigor legal, no solo en el realojo sino en todas sus actuaciones "en defensa de la gente que lo está pasando mal por los desahucios". "Ha habido un respeto escrupuloso de la legalidad, como nunca hasta ahora en la historia de la autonomía", señaló.

IU no dio el paso de romper el pacto, pero consideró que el golpe de autoridad de Díaz suponía la "suspensión momentánea del desarrollo del acuerdo". "¿Eso qué es, qué significa?", se preguntó un alto cargo del Ejecutivo. Su autorespuesta fue: "Eso no es nada". La explicación de IU de tan singular fórmula de dontancredismo es que la ejecución de las 250 medidas del pacto y las 28 leyes prometidas (de las que no hay ninguna aprobada) se congelaban.