Una legislación más simple y transparente

La Generalitat ha presentado a las Cortes Valencianas un proyecto de ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOPTU) que agiliza la tramitación de los planes y garantiza el control público del agente urbanizador.

Después de una década de sobreabundancia legislativa, oídas las quejas de sectores profesionales y las denuncias ciudadanas por la opacidad de estas normas, la Generalitat emprendió, aprovechando la crisis, una revisión completa de la normativa.

El proyecto de ley acorta los plazos de tramitación de los planes urbanísticos porque aúna el proceso de evaluación de impacto ambiental con la urbanística. También reserva a la Generalitat el control en la planificación de las infraestructuras o las dotaciones públicas y deja a los Ayuntamientos el dibujo en detalle de los sectores.

El director de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat, Juan Giner, destacó del texto que deja muy claro desde el principio lo que se puede hacer o no en el territorio, a la vez que mejora la transparencia respecto a periodos anteriores.

Ningún promotor ni Consistorio podrá refugiarse en una notaría para sacar de tapadillo un plan urbanístico como ocurría en el pasado. “Hay más control público de la figura del agente urbanizador”, subrayaron los altos cargos de Territorio.

La Generalitat ha consultado durante todo el proceso de reformulación legislativa con funcionarios europeos y tenido en cuenta la jurisprudencia en materia urbanística para evitar conflictos como los vividos en décadas pasadas con la derogada LRAU y leyes posteriores. Las denuncias de los ciudadanos por prácticas abusivas del agente urbanizador en los Programas de Actuación Integrada (PAI) llegaron a las puertas del Parlamento Europeo y mantuvieron en vilo a la Generalitat durante años.

El nuevo equipo de Urbanismo recupera una figura que ya existía y que nunca funcionó, la de los propietarios como agente urbanizador directo. Cuando un solar o edificio pendiente de rehabilitación lleve años paralizado, un tercero podrá obligar a los Ayuntamientos a intervenir. Es decir, a exigir al propietario que edifique o rehabilite y en el caso de que no quiera hacerlo, permitir a un tercero hacerlo. El plazo para forzar la situación se amplía de los dos años actuales a seis, según Giner, por el escenario de crisis actual.

La reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección pública, queda supeditado a lo que recoge la ley de suelo estatal, entre un 10 y un 15%. La regulación de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE), que la Generalitat ideó para acelerar proyectos de interés económico, se toca ligeramente. En concreto, se refuerzan los criterios económicos que deben cumplir los promotores del proyecto.

Giner, que compareció acompañado de los subdirectores de Territorio, Vicente Doménech y Enrique Martí Selva, acabó con el único mensaje posible a los protagonistas del negocio inmobiliario: hay que centrarse en los planes existentes.