El alcalde de Ourense denuncia una “trama” para derrocarle urdida desde 2011
El juez ha comunicado al regidor su segunda imputación en menos de un mes El interventor le reclama 28.000 euros por los gastos de urbanización de su casa
El alcalde socialista de Ourense ha denuciado “una trama para derribar” su gobierno urdida desde hace tres años. Agustín Fernández convocó de urgencia a la prensa en el Ayuntamiento para hacer pública la presunta falsificación de un documento de 2011 firmado por uno de sus vecinos, un escrito cuyo contenido destapó que el regidor no había pagado las aceras de su casa pese a haberse comprometido a ello. Según Fernández, ese papel es falso y el hombre no lo presentó nunca en las oficinas municipales.
El vecino del regidor reclamó a través de varios escritos la devolución de un aval bancario depositado en el Ayuntamiento como garantía de que, al igual que el alcalde, ejecutaría la construcción de las aceras. En uno de esos documentos reclamaba el mismo trato recibido por Agustín Fernández, a quien se había reembolsado el dinero después de que el gobierno del que ya formaba parte como concejal financiase la obra a través del Plan E. Fernández asegura ahora que la firma del vecino en ese papel es falsa.
El gobierno ourensano llevó ayer el asunto a la fiscalía. La edil de Urbanismo, Áurea Soto, presentó un escrito en el que pide que se investiguen presuntos delitos de falsedad en documento público y suplantación de identidad sin señalar a los responsables. El alcalde tampoco apuntó contra nadie, pero situó el foco en los empleados públicos. “Todos tenemos indicios sobre la autoría pero yo no acuso a nadie”, afirmó tras mostrar su sorpresa por “la actuación de algún funcionario”. “Es un acoso sin precedentes y se ha utilizado un documento falso para aniquilarme”, insistió. También cargó contra el PP, que llevó el caso de las aceras ante la fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Para el PP se trata de “una burda maniobra para desviar la atención del pago” de 28.000 euros que el interventor municipal reclama al regidor.
La denuncia ha sido hecha pública el mismo día en el que se conoce la segunda imputación del regidor en menos de un mes. El juez que investiga contrataciones presuntamente irregulares hechas a dedo mediante asistencias técnicas denunciadas por los sindicatos, ha imputado a Fernández y lo ha citado a declarar el próximo día 21 de abril. Ese mismo día también declararán como imputados el exalcalde Francisco Rodríguez y la concejala de Urbanismo. Antes de este desfile judicial, el regidor se verá obligado a celebrar un pleno extraordinario y monotemático sobre las polémicas aceras de su casa reclamado por la oposición.
Mientras, la responsable de Urbanismo ha acusado a una concejala del partido opositor Democracia Ourensana (DO) de perpetrar “un acto de kale borroka”, unas declaraciones a La Voz de Galicia que el alcalde ha suscrito. Desde DO restan importancia a estas palabras pero el PP las considera “gravísimas e indignas del responsable de una noble institución”. La acusación tiene su origen en lo ocurrido en el pleno del pasado viernes, cuando Fernández ordenó a la policía el desalojo de la edil tras negarse a callar al agotar su turno de réplica.
ETA en el Ayuntamiento
En el Ayuntamiento de Ourense hay concejales que actúan como terroristas. Así lo creen el alcalde socialista y su mano derecha. En declaraciones al periódico La Voz de Galicia, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, acusó a una concejala de Democracia Ourensana (DO) de perpetrar "un acto de kale borroka". Se refiere a los grupos violentos de la izquierda abertzale y ETA que queman contenedores, sucursales bancarias o sedes de partidos políticos. El alcalde suscribió estas palabras el mismo día que fueron publicadas. Desde DO restan importancia a las palabras que los relacionan con ETA ya que según su líder, "Soto está mal de la cabeza". Para el PP, las declaraciones son "gravísimas e indignas del responsable de una noble institución". Afirman que el alcalde está "desnortado y desbordado por los acontecimientos". La acusación tiene su origen en el incidente ocurrido en el pleno del pasado viernes. Fernández ordenó a la policía que desalojase a Susana Gómez, edil de este grupo de la oposición, tras negarse a callar al agotar su turno de réplica por alusiones directas. Previamente, el Gobierno local había difundido documentos sobre su vida laboral a los presentes. Todos los grupos políticos de la oposición abandonaron la sesión indignados al ver entrar al salón de plenos a dos agentes.
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