La juez acelera el enjuiciamiento de otras dos partes del ‘caso Cooperación’

La juez María Pía Calderón aceleró este miércoles la investigación y enjuiciamiento del caso Cooperación al dividir la causa en dos piezas separadas. Serán la dos y la tres. La primera se juzgó a principios de año, y los nueve acusados, entre ellos el exconsejero y exportavoz popular en las Cortes Valencianas Rafael Blasco, están a la espera de conocer la sentencia. La fiscalía pidió para ellos 83 años de prisión.

La juez, que ya dinamizó la causa con una primera división, vuelve a hacerlo ahora en un auto. La pieza dos se centrará en los múltiples contratos que la trama que saqueó las ayudas al Tercer Mundo obtuvo de la consejería de Solidaridad los años 2009, 2010 y 2011. En la tercera y de momento última pieza de la causa se investigará el supuesto plan de Blasco, su cúpula en la consejería y los miembros civiles de la trama para quedarse con los cuatro millones que, inicialmente, el Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps iba a destinar a la construcción de un hospital en Haití, que acababa de ser escenario de un devastador terremoto.

La magistrada señala que ambas piezas, en las que hay imputadas una treintena de personas, “son complejas y materialmente escindibles” y existen “motivos poderosos de simplificación y activación del procedimiento” que aconsejan separar su investigación.

El codirector de la trama era, según la fiscalía, Augusto César Tauroni, que lleva en prisión provisional desde febrero de 2012. La juez señala en su resolución que Tauroni ha sido demandado por otra de las hasta ahora imputadas.

Se trata de Christinne-Bernadette Nnomo, presidenta de Asade-África, una de las pequeñas ONG que la trama utilizó presuntamente para captar las ayudas que después eran desviadas de los fines previstos. Nnomo acusa a Tauroni de quedarse con el dinero de proyectos en Camerún y Mauritania. La fiscalía había pedido se sobreseyera la causa para la presidenta de Asade-África, petición que ha sido atendida por la juez.

La magistrada ha empezado ya la nueva investigación con una batería de diligencias. Requiere a Presidencia de la Generalitat, entre ellas, que aporte “todas las facturas y justificantes de dietas y viajes realizados a Haití y la República Dominicana por parte de autoridades, funcionarios” y otro personal en 2010 y 2011.