ICV y CUP llevan al Consejo de Garantías el pacto de BCN World
Los partidos denuncian el tipo de fiscalidad y urbanismo que propicia la normativa
ICV-EUiA y la CUP, los partidos más refractarios con el proyecto de casinos y hoteles de BCN World, impugnarán mañana viernes ante el Consejo de Garantías Estatutarias el acuerdo con el que CiU y PSC desencallaron el trámite parlamentario del futuro macrocomplejo que Veremonte prevé levantar en Vila-seca y Salou, junto al parque temático de Port-Aventura. Ambos partidos elaboraban ayer un documento conjunto con los argumentos con los que pretenden frenar la Ley de Centros Recreativos y Turísticos que está previsto aprobar previsiblemente el próximo 24 de abril.
El diputado de CUP Quim Arrufat desveló ayer las intenciones de impugnar algunos artículos de la ley, básicamente los que hacen referencia al “principio de interés general”, que Arrufat cree que “se vulnera de principio a fin”, y también en lo referente al principio de autonomía local. Fuentes del grupo ecosocialista señalaron que hay diferentes artículos que podrían no pasar el tamiz del Consejo de Garantías en materias como los derechos de la infancia (si el centro de juego es visible), la fiscalidad, el urbanismo o la vulneración de las competencias municipales.
Es la última bala que le queda para frenar el proyecto a los dos grupos que, junto a ERC, votaron en contra de la modificación de la ley. Una vez superada la aprobación en la cámara, el Gobierno catalán podrá iniciar el diseño y la redacción del plan urbanístico para su consenso y Veremonte podrá iniciar a construir el complejo, con el objetivo de estrenar los dos primeros resorts en 2017.
La Asamblea Aturem BCN World ha convocado una manifestación el próximo 31 de mayo, que recorrerá las calles de Salou bajo el lema No juguemos al juego de BCN World. El movimiento iniciará en los próximos días una campaña para concienciar a los ciudadanos sobre “los riesgos vinculados al proyecto” impulsado por el empresario Enrique Bañuelos. La campaña incidirá en el posible “incremento de las adicciones al juego, las rebajas fiscales al sector de los casinos, el cambio de turismo familiar vinculado al territorio, y la gestión poco transparente y exenta de procedimientos democráticos que ha sufrido el proceso parlamentario para modificar la legislación a favor”.
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