Dos “apestados” en el banquillo

Fèlix Millet y Jordi Montull no cometieron ningún delito cuando intentaron levantar un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Si la justicia les ha sentado en el banquillo de los acusados, y si les acaba condenando, será por ser quienes son: unos “apestados”, en palabras del abogado de Montull, Jordi Pina. En el último día del juicio por las irregularidades urbanísticas en torno al proyecto (fallido) del hotel, las defensas se esforzaron por presentar a los saqueadores confesos del Palau como víctimas de una persecución social y mediática. Los abogados acusaron a la Fiscalía de iniciar la investigación del hotel para “poder encarcelar” a Millet y Montull, que habían eludido la prisión en la causa que investiga el expolio del Palau de la Música. Tras el escándalo, ambos acusados “iban por la calle y se les insultaba”, lamentó Pina, que pidió su absolución.

La Fiscalía, añadió el abogado, solo pretendió cebarse “en Millet y Montull, Alí Babá y El Lute, los apestados de la sociedad, aquellos contra los que todo vale”. Las llamadas que ambos hicieron a los responsables municipales no son, en su opinión, un delito de tráfico de influencias.

El abogado de Millet, Abraham Castro, ahondó más en aspectos jurídicos. Según la fiscalía, Millet y Montull cobraron 900.000 euros de comisión al promotor del hotel, Manuel Valderrama, para asegurarle la adjudicación del proyecto. El abogado insistió que se trata de una “simple conjetura” y negó que Millet se haya lucrado. “Lo único que falta es que le imputen presiones por telepatía”, lamentó Castro.

Además de más de diez años de cárcel para Millet y Montull, el fiscal pide casi cinco para la excúpula de Urbanismo de Barcelona: el exteniente de alcalde Ramon García-Bragado; el exgerente Ramon Massagué y el exdirector jurídico Enric Lambies. Tras los informes de los abogados, solo García-Bragado hizo uso de su derecho a la última palabra. Lo que se ha pretendido juzgar en la causa del hotel, denunció García-Bragado, “es la práctica urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona durante los últimos 25 años”. El exedil defendió su “absoluta inocencia”: “Jamás he cedido ante coacción alguna, he obrado desde la más absoluta rectitud y respeto a la legalidad”. El caso quedó visto para sentencia.