Unos 1.600 porteros de discoteca tendrán que volver a examinarse

La primera promoción de porteros de discoteca que en 2009 se sacó el carné que regula el gremio no ha podido renovar el permiso por la lentitud burocrática de la Comunidad de Madrid. El examen fue convocado por el Gobierno regional tras la muerte de Álvaro Ussía, de 18 años, en noviembre de 2008 en la discoteca Balcón de Rosales. Tres porteros del local le agredieron. Madrid se convirtió así en la segunda autonomía, tras Cataluña, que imponía este requisito para desempeñar este oficio. El 63,5% de los que se presentaron (1.606 sobre 2.529) aprobaron el examen a la primera. Este fin de semana, cinco años después, sortearon la ilegalidad de tener que acudir a trabajar sin los papeles en regla gracias a una disposición transitoria que tuvo que emitir el Gobierno regional para resolver, momentáneamente, el entuerto.

“La sensación es que el Gobierno regional no ha estado atento. Se le ha echado el tiempo encima. No es normal que espere hasta el final, hasta que expire el plazo, para informar de cómo será el proceso”, cuenta un portero que rechaza dar su nombre. “Y mientras, ¿qué? El primer fin de semana de abril ha sido muy estresante, porque no sabíamos si podríamos trabajar al habernos caducado el permiso. Yo tengo unas cuantas bocas que alimentar y pensar que tendría que acudir a mi puesto de trabajo de forma ilegal...”, añade otro, que también reclama el anonimato. “Nadie ha trabajado de manera ilegal. La Comunidad ha emitido una disposición para que los afectados puedan seguir desempeñando su función con normalidad hasta que les toque renovar el carné”, sostienen Francisco Manuel Oliver, director general de Seguridad e Interior, cargo que se engloba dentro de la Consejería de Presidencia y Justicia. “Hemos actuado dentro de los plazos, no es que nos hayamos pasado”, añade cuando se le enumeran las protestas de trabajadores del sector.

Muestra de la tardanza con que ha actuado el Ejecutivo de Ignacio González es que se publicase el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), justo el último día en que valían los carnés de 2009, las bases de las pruebas para la renovación del certificado del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria. La Comunidad replica que los representantes sindicales estaban “debidamente” informados de los tiempos del proceso.

Terminado el primer plazo, el BOCM deberá publicar antes de un mes la lista provisional de admitidos. En dicha resolución se anunciará el lugar, fecha y hora de realización de las pruebas. “¡Hasta entonces no tenemos ni idea de dónde serán! La anterior vez nos examinamos en la Facultad de Derecho y la Escuela de Caminos”, observa un veterano. “No hemos elegido el lugar porque estamos a la espera del número de porteros que se presenten para renovar”, observa Oliver, que apunta que también se podrán presentar todos los porteros a los que les caduque el permiso este año.

Para obtener el certificado, los candidatos afrontarán dos pruebas de carácter eliminatorio: una prueba de conocimiento —un cuestionario de 25 preguntas con cuatro respuestas alternativas, valiendo solo una— para el que contarán con 30 minutos y un test psicológico sin un tiempo establecido: “Será el estrictamente necesario”, señalan desde la Comunidad. Al igual que hace un lustro, los aspirantes no pueden tener antecedentes penales, ya sea en España o en el extranjero.

Más allá de que se sacarán el carné de trabajo hacia junio —esto es, con dos meses de demora, tiempo en el que seguirán con su función en un limbo legal— los porteros también critican el incremento de las tasas “por derechos de examen”. Si en 2009 tuvieron que pagar 60 euros, ahora serán 102,01 euros. “Mi salario es de 600 euros y van y prácticamente doblan la tasa”, critica otro veterano del sector consultado. Fijadas por la Consejería de Economía y Hacienda, las tasas no tienen que pagarlas los parados inscritos en el Instituto Nacional de Empleo como demandantes de trabajo con una antigüedad mínima de dos años, así como las víctimas del terrorismo, cónyuges e hijos. Para obtener el certificado, los candidatos afrontarán dos pruebas de carácter eliminatorio: una prueba de conocimiento —un cuestionario de 25 preguntas con cuatro respuestas alternativas, valiendo solo una— para el que contarán con 30 minutos y un test psicológico sin un tiempo establecido: “Será el estrictamente necesario”, señalan desde la Comunidad. Al igual que hace un lustro, los aspirantes no pueden tener antecedentes penales, ya sea en España o en el extranjero.

Más allá de que se sacarán el carné de trabajo hacia junio —esto es, con dos meses de demora, tiempo en el que seguirán con su función en un limbo legal— los porteros también critican el incremento de las tasas “por derechos de examen”. Si en 2009 tuvieron que pagar 60 euros, ahora serán 102,01 euros. “Mi salario es de 600 euros y van y prácticamente doblan la tasa”, critica otro veterano del sector consultado. Fijadas por la Consejería de Economía y Hacienda, las tasas no tienen que pagarlas los parados inscritos en el Instituto Nacional de Empleo como demandantes de trabajo con una antigüedad mínima de dos años, así como las víctimas del terrorismo, cónyuges e hijos.