Una exedil niega que presionara a una gerente para adjudicar una obra
María Nieves Saez de Adana (PP) está acusada de tráfico de influencias por haber firmado un contrato con la cuñada de un funcionario en 2004
La exconcejal presidente del distrito de La Latina, María Nieves Saez de Adana (PP), ha negado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid haber presionado a una gerente para que esta firmara un contrato de adjudicación para la reforma del colegio Joaquín Dicenta. La obra fue cedida en 2004 a la empresa Urbasa, cuyos administradores eran la arquitecta Beatriz Barrachina y Salvador Ballarín. Los dos son, respectivamente, cuñada y hermano de Borja Ballarín, el entonces jefe del Departamento de Servicios Técnicos de esta junta. La fiscal y la acusación (PSOE) creen que hubo un delito de tráfico de influencias y piden para Saez de Adana siete meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para cargo público.
La exedil ha asegurado ante el juez que sugirió que se encargara la reforma a la arquitecta Beatriz Barrachina porque esta había hecho un trabajo “magnífico” en el distrito de Villaverde. En ese momento, según ha contado, Borja Ballarín le advirtió de que Barrachina era su cuñada. La exconcejal se dirigió entonces a los servicios jurídicos de la Junta, que aseguraron que no “había ningún problema”, ha dicho.
Saez de Adana ha explicado, además, que la ley permitía que contratos menores fueran adjudicados a partir de la fórmula “negociada”, sin concurso. En total, fueron firmados tres convenios con Urbasa: el primero en junio de 2004 (9.238 euros), el segundo en junio de 2005 (10.418 euros) y el proyecto de reforma (28.504 euros). La fiscal sostiene que los pagos fueron fraccionados para que no hubiera la necesidad de realizar el concurso.
Saez de Adana ha negado que el contrato fuera fraccionado intencionadamente y ha sostenido que las obras eran urgentes. Ha añadido que no recordaba la reunión en la que supuestamente presionó a la gerente del distrito de La Latina para que esta firmara la adjudicación. Ha explicado, sin embargo, que, en caso de que la gerente se negara a firmarlo, era su obligación como concejal “pedirle" que no obstruyera el contrato.
La defensa pide la absolución de la exedil. El juicio está previsto que continúe este martes.
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