Una juez cita a declarar a una edil del PP por presunto tráfico de influencias

Nieves Sáez de Adana, concejal del PP y responsable de la Junta de Latina, declarará la semana próxima ante la titular del Juzgado número 10 de Madrid, que investiga la querella presentada por el PSOE sobre la adjudicación de dos contratos a la empresa del hermano de un funcionario. La magistrada ha admitido a trámite la denuncia y considera que los hechos "pueden ser constitutivos de delito de tráfico de influencias". Ese delito está castigado con penas de seis meses a un año de prisión e inhabilitación de tres a seis años.

La querella fue presentada por los concejales socialistas Óscar Iglesias y Noelia Martínez el pasado 3 de febrero ante los juzgados de Plaza de Castilla, y asignado al juzgado de instrucción número 10.

Su titular, María Antonia de Torres, dictó un auto el 31 de marzo en el que dispone de forma escueta que "procede la admisión a trámite" de la querella, "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de tráfico de influencias", y ordena citar a los querellados, "en calidad de imputados", para escuchar su versión.

Los querellados son cuatro: la concejal Nieves Sáez de Adana, el funcionario Borja Ballarín -jefe de los servicios técnicos de Latina en el momento de los hechos, aunque desde julio de 2005 está destinado en la Junta de Carabanchel- y los dos administradores de la empresa Urbasa: Salvador Ballarín (hermano de Borja) y su esposa, Beatriz Barrachina. Sáez de Adana y Borja Ballarín declararán el 27 de abril por la mañana; el matrimonio de empresarios, al día siguiente.

Además, la juez ha reclamado al gobierno municipal, presidido por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que le remita "todos los expedientes de contratación que [el Ayuntamiento] tenga con Urbasa como adjudicataria o a su administradora Beatriz Barrachina, desde 1999".

La denuncia socialista se centra en dos contratos, referentes a la dirección de las obras de reforma del colegio Joaquín Dicenta, en Latina, y adjudicados a Urbasa en julio de 2004 y junio de 2005. El monto total de los dos contratos es de 21.266 euros.

El PSOE sostiene que los trámites que siguieron esos dos expedientes -no hubo concurso, sino que la Junta llamó a tres empresas, les pidió que presentaran sus ofertas y eligió "la más ventajosa para los intereses municipales"- fueron un montaje formal, porque "la adjudicación a Urbasa estaba predeterminada desde el inicio, de común acuerdo entre los querellados".

Abstención por parentesco

Urbasa fue elegida como la mejor oferta en ambos casos, y fue el propio Borja Ballarín quien firmó las propuestas de adjudicación.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común obliga a abstenerse en ese tipo de procedimientos a los funcionarios o cargos públicos que tengan "parentesco" con los dueños de las empresas que concurren a los concursos.

Ballarín, según explicó a este periódico el pasado 18 de diciembre, era consciente de ello, y se lo comunicó a la concejal-presidenta de la junta. "Le planteé si debía abstenerme, pero ella consultó a los servicios jurídicos y me aseguró que no había ningún problema porque quien iba firmar las adjudicaciones en última instancia era ella, no yo", explicó el funcionario.

Y agregó: "Fue violento para mí. De hecho, hasta que esta concejal llegó a Latina yo nunca invité a Urbasa a ningún procedimiento negociado. Cuando Nieves Sáez de Adana se hizo cargo de la Junta, en 2003, me dijo expresamente que tenía que invitar a Urbasa a procedimientos negociados, porque ya conocía a mi cuñada, Beatriz Barrachina, había trabajado con su empresa en otras juntas de distrito y consideraba que era una buena profesional".

Sáez de Adana confirmó el relato de Ballarín, subrayó que "los servicios jurídicos de la Junta" no pusieron ninguna objeción al procedimiento y añadió: "Beatriz Barrachina es una gran arquitecta, no se le puede impedir trabajar porque sea la cuñada de un funcionario. Por eso, cuando nos planteamos acometer la obra de reforma del colegio Joaquín Dicenta, le dije a Borja Ballarín que debía invitar a Urbasa al procedimiento, porque yo sabía que haría bien ese trabajo".

El PSOE se apoya en estas declaraciones, así como en numerosas "irregularidades" detectadas en los expedientes de contratación, para concluir que la concejal del PP no sólo autorizó una "ilegalidad", sino que desde un principio quiso adjudicar esos contratos a Urbasa.

"No nos ha dejado otra vía que la judicial. Y la juez nos está dando la razón al admitir a trámite la querella", afirmó ayer la socialista Noelia Martínez.

Ni Sáez de Adana ni el concejal de Coordinación Territorial, José Manuel Berzal, quisieron comentar la decisión judicial con este periódico.