“Las cosas se hicieron como quisieron Millet y Montull”, asegura el fiscal

“Las cosas se hicieron como quisieron Millet y Montull”, sentenció ayer el fiscal Antoni Pelegrin en la penúltima jornada del juicio por las irregularidades en el proyecto (fallido) de construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Durante un informe final que prolongó durante cinco horas, el fiscal detalló los “delitos clarísimos” que, a su juicio, cometieron el expresidente del Palau, Fèlix Millet, y quien fue su mano derecha en la institución musical, Jordi Montull, para quienes pide más de diez años de cárcel.

Además de los saqueadores confesos del Palau, en el banquillo de los acusados se sienta la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, con el exedil Ramon Garcia Bragado a la cabeza. El fiscal especializado en delitos urbanísticos considera que los exresponsables facilitaron la tramitación del hotel mediante un “acuerdo previo” y a sabiendas de que el proyecto beneficiaba a un particular: el hotelero Manuel Valderrama. Según la tesis del fiscal, Millet y Montull recibieron 900.000 euros del empresario a cambio de adjudicarle el proyecto y de asegurarse que llegaría a buen puerto.

En sus declaraciones, los excargos públicos defendieron la legalidad de su actuación y las bondades del hotel, que en su opinión beneficiaba a todos y era positivo para la ciudad. El fiscal cree, en cambio, que tras el proyecto había un “interés privado descarado”. De ahí que los acusados se esforzaran en “falsear dolosa e intencionadamente la documentación pública” durante la tramitación.

Millet y Montull aprovecharon, según el fiscal, el “prestigio” que les daba su posición al frente del Palau para campar a sus anchas y torcer la voluntad de los políticos. Su “dominio” de la escena fue tal, reseñó el fiscal, que actuaron “sin ningún control por parte de las administraciones”. Retóricamente, Pelegrin se preguntó por qué: “Puede que hubiera una orden superior. No quiero pensar mal”, dijo.

En la tramitación del hotel de lujo —abortada tras el registro del Palau y la presión de los vecinos— hubo desde “irregularidades administrativas” hasta “delitos clarísimos”, remarcó el fiscal. A los excargos públicos, el fiscal les reprochó que escondieran “descaradamente” que la cadena Olivia Hotels era la titular de las fincas en las que se debía construir el hotel. En su declaración, Garcia Bragado afirmó que no conoció esa circunstancia hasta poco después de que estallara, en julio de 2009, el escándalo del Palau. Hoy es el turno para los informes de las defensas y la última palabra de los seis acusados.