Un juzgado investiga un supuesto trato de favor de hospitales a una ortopedia

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva ha admitido a trámite la querella presentada por dos dueños de sendos establecimientos ortopédicos onubenses y ha imputado al propietario de Ortopedia Gordillo, F.G.C., y a sus dos comerciales, M.J.G.M., y M.M.G., por, supuestamente, urdir una trama de captación de clientes en los hospitales públicos Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena para tener así el monopolio del sector. El juez considera que puede haber indicios de delitos por estafa, falsedad en documento público con la manipulación de recetas, infidelidad en la custodia, violación de secretos e intrusismo laboral, según fuentes del juzgado de Huelva.

En la querella, los dos empresarios que han denunciado a Ortopedia Gordillo han afirmado tener sospechas de que esta empresa, “en connivencia con el personal sanitarios de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, pudieran estar realizando conductas de fraude, tráfico de influencias y falsificación de documentos”, según publicó el periódico Huelva Información.

Los demandados han declarado ante el juez y están a la espera de su resolución. Queda pendiente igualmente de que se remita al juzgado que investiga el caso la documentación requerida sobre este asunto.

Los implicados de Ortopedia Gordillo declinaron aportar su versión de los hechos denunciados. “El caso está en los tribunales y será el juzgado el que nos dé la razón o nos la quite”, afirmaron fuentes de la empresa.

La dirección de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena ha afirmado en un comunicado que, en alguna otra ocasión, el resto de empresas de ortopedia había denunciado verbalmente una mala práctica comercial por parte de Gordillo. “Cada vez que han trasladado a la dirección de ambos centros alguna reclamación no han aportado ninguna prueba”, añadieron. Aún así, la dirección sostuvo que siempre se ha efectuado la oportuna investigación y “hasta la fecha no se ha encontrado ninguna prueba de irregularidad”. “Si en algún momento se encuentra alguna prueba que determine la implicación de algún profesional, se actuará contundentemente conforme marca la ley”, concluyeron.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sanchez Rubio, afirmó que desconocía el caso y defendió que la Junta trabaja en todos sus centros con las ortopedias “como con cualquier otro servicio, con lo que establece la ley de contratos de la administración pública”. “Si ha habido alguna situación, estudiaremos al final qué ocurre pero, en principio, desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se trabaja de acuerdo a lo fijado en la ley de contratos con la administración pública", concluyó Sánchez Rubio.