Las familias de la Utopía esperan en la calle un acuerdo de la Junta y Zoido

Las familias desalojadas el domingo de la Corrala Utopía de Sevilla recibían este lunes con incredulidad a los políticos que les visitaron a las puertas del Ayuntamiento, donde han extendido sus sacos de dormir a la espera de la solución que les llevan prometiendo 23 meses. “Alguna vez tendrá que ser verdad”, se resignaba Manuela Cortés, de 67 años, una de las vecinas veteranas del edificio propiedad de Ibercaja ocupado en mayo de 2012 por una treintena de familias. Pero Manuela, como el resto, tenía este lunes más ilusión que confianza en que la solución esté cerca, si por solución se entiende que le ofrezcan una vivienda con un alquiler al alcance de sus ingresos. Los de Manuela se han incrementado un euro de 2014. “De 430 me han subido a 431, no sé a quién tengo que darle las gracias”, ironiza. “Pero estoy dispuesta a pagar un alquiler dentro de mis posibilidades, para eso he llegado hasta aquí”, advierte.

Tras casi dos años de negociación infructuosa, la Junta de Andalucía buscaba ayer a contrarreloj una solución para las 22 familias desalojadas. Y lo hacía en el peor escenario posible: con los afectados en la calle e Ibercaja, propietaria del edificio ocupado durante casi dos años, retirada de la negociación al entender que, consumado el desalojo, el problema ya no es suyo. La pelota está ya solo en el tejado de las Administraciones: la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Izquierda Unida, y el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP. Los vecinos no son ajenos a que las diferencias políticas entre las dos Administraciones han tenido mucho que ver en el naufragio de las negociaciones para encontrar una solución consensuada que evitara el desalojo.

“Estamos obligados legalmente a buscar una solución”, dice el viceconsejero

Dando por hecho el fracaso de las mesas de negociaciones, comisiones bilaterales, llamadas telefónicas y reuniones con y sin publicidad entre los responsables de la Junta y del Ayuntamiento, el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, entregó en el registro municipal una propuesta con la que su departamento pone a disposición de los vecinos seis viviendas de la Junta que acaban de quedarse vacías, pero pide al Ayuntamiento que aporte otras 16 de su parque público para acoger a todos los vecinos que hasta el domingo dormían en la Utopía. La primera intención de la consejería es que el Ayuntamiento las ceda gratis o a cambio de un alquiler reducido, pero el departamento dirigido por Elena Cortés está dispuesto a adquirirlas en propiedad.

Para aumentar la presión contra el gobierno municipal, la Junta hizo público el listado de viviendas vacías de las que dispone el Ayuntamiento de Sevilla: 528, muy superior a las “alrededor de 300” que había admitido recientemente el gobierno de Zoido. “Le pedimos que de esas 528 pongan a vuestra disposición 16”, explicó el viceconsejero a las familias desalojadas tras entregar su propuesta en el registro municipal.

Están en la calle porque quieren”, afirma la concejal de Asuntos Sociales

Frente a la versión del equipo de Zoido, que a lo largo de la negociación ha mantenido que dar cobijo a las familias de la Utopía supondría saltarse el registro municipal de demandantes de viviendas, la Junta ampara su propuesta en el artículo 12.5 del reglamento de demandantes de vivienda protegida de Andalucía, que contempla que los principios de concurrencia con los que se rigen las adjudicaciones de VPO no serán exigibles en “situaciones excepcionales”.

La Junta sostiene que con su propuesta está cumpliendo el mandato que les hizo la juez de Instrucción 3 de Sevilla, que ordenó a las administraciones que, antes del desalojo, se aseguraran de no dejar desamparados a menores ni a otras personas “en riesgo de exclusión social”. “No es que estemos habilitados legalmente para hacer esta propuesta, es que estamos obligados legalmente a hacerlo”, advirtió el viceconsejero, que lamentó que el desalojo haya llegado justo cuando la Junta e Ibercaja acababan de alcanzar un acuerdo por el que el banco se hacía cargo de pagar el alquiler de las 22 familias que seguían en la Utopía hasta que, en octubre, la consejería tuviera listas unas VPO en el barrio de San Bernardo.

En el departamento que dirige Elena Cortés y en la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, las dos instituciones que más de han implicado en la corrala, nadie se esperaba la intervención de la policía el pasado domingo. Aseguran que tenían el compromiso del alcalde y de la delegada del Gobierno de no actuar mientras se estuviera trabajando en una solución. “Y cuando el trabajo está acabando y con buenos resultados para todos, mandan a la policía”, resumió el viceconsejero.

Tras día y medio de silencio, el Ayuntamiento convocó a última hora de la tarde a la prensa para explicar que no se siente responsable de lo ocurrido (las competencias en materia de vivienda son de la Junta, señaló la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo) y advertir de que el gobierno municipal no va saltarse el registro de demandantes porque, en su opinión, hay personas “que realmente necesitan más una vivienda” que las desalojadas en la Utopía. “Estas personas están en la calle porque quieren. Este Ayuntamiento ofreció ayer a estas familias alojamiento y manutención”, señaló de Pablo en referencia al ofrecimiento municipal de dar cobijo provisional a los desalojados en el albergue municipal.