Más exigencias para los divorciados en el nuevo curso escolar

Al mismo tiempo que la consejera de Educación, María José Català, anunciaba como requisito el acuerdo de padres separados para cambiar de centro a un alumno, entre otras novedades del proceso de admisión escolar que empieza hoy, las plataformas de Defensa de l'Ensenyament Públic y Tots són Cremona, llamaban a la movilización social contra la supresión de aulas, los recortes y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) que se estrena el curso que viene.

 Con un adelanto de un mes respecto a otros años y el cambio de los exámenes de septiembre a julio en el horizonte, hoy se publican las 584.110 plazas que los colegios de Infantil y Primaria (CEIP)  sostenidos con fondos públicos ofertan para el curso que viene, según el dato que ayer dio Català. A pesar de que la oferta en conjunto apenas varía respecto al año pasado, el proceso arranca con más de 100 unidades de infantil suprimidas en centros públicos, en virtud del llamado arreglo escolar. Este ajuste ha sido objeto de varios recursos de reposición que el director general de Centros, Santiago Martí “no creía” que fueran estimados, por “no tener consistencia”.

La consejera y los cargos que le acompañaban defendieron la supresión de las unidades de tres años en los centros que mantienen encierros de protesta, en Alaquàs y Ontinyent. En el caso del colegio Ciutat de Cremona, Català sostuvo que no tiene sentido escolarizar niños de tres años en las aulas prefabricadas de este centro, cuando a 130 metros hay otro construido con plazas disponibles. La consejera consideró menos relevante a estos efectos la contradicción que supone aumentar de 5 a 8 los puntos otorgados al solicitante por tener un hermano en el centro —uno de los criterios de baremación— mientras 28 niños no serán escolarizados junto a otros tantos hermanos del Ciutat de Cremona al suprimir el aula de tres años que le queda.

Català confirmó la implantación del distrito único de escolarización en Valencia y la reducción a dos en Elche, tras la aprobación de la propuesta en los correspondientes consejos escolares municipales. Con la reducción de cuatro distritos a uno, en Valencia las familias podrán optar entre más de 180 colegios sostenidos con fondos públicos, entre ellos uno de nueva creación, todavía inacabado. Para solicitar plaza en el nuevo colegio Puerto Rico, de Russafa, los aspirantes deberán hacerlo en la oficina Prop de la Generalitat.

Educación destaca como novedad del proceso de admisión el nuevo modelo de solicitud que requiere la firma de ambos progenitores para cambiar al estudiante de centro o de programa lingüístico. En caso de padres separados o situaciones análogas, al margen de quien tenga la custodia, “ambos deberán ser conocedores del cambio de centro y tendrán derecho a participar en el Consejo Escolar, a tener información sobre las notas de su hijo o sobre las salidas a excursiones, o a la cesión de fotografías”, justificó la consejera en referencia a las instrucciones impartidas a los centros en este sentido.

En caso de no llegar a un acuerdo entre los progenitores, será el juzgado quien tome una determinación, aclaró la consejera de Educación, tras puntualizar que la valenciana es la primera autonomía que introduce esta posibilidad en el modelo de admisión de alumnos.

Català avanzó también, como novedad en la aplicación de la LOMCE, que en los primeros cursos de Primaria se aumentará la carga lectiva en lengua extranjera y se reducirá en Educación Física, mientras que en los últimos cursos se invertirá la carga en ambas materias, en atención a recomendaciones de expertos. Se aliviará, asimismo, la carga lectiva global, para poder dar media hora de refuerzo semanal.

A la movilización de las plataformas, que han convocado para el 10 de abril “encierros en los centros públicos” como arranque de una serie de acciones de protesta posteriores, se sumaba ayer la iniciativa de Escola Valenciana contra la supresión de líneas en valenciano a través del ajuste escolar. Un ejemplo, informa Lorena Ortega, es el CEIP Herrero de Castellón, que contaba hasta ahora con dos unidades de Infantil y, ante la supresión de una, el consejo escolar decidió que se mantuviera la enseñanza en valenciano. “Ahora la consejería ha decidido que sea en castellano”, afirmó Suso Monforte, del AMPA. La concejala de Compromís Ali Brancal denunció así se deja “a todo el centro de Castellón sin escuela que ofrezca enseñanza en valenciano”.