La Junta expedienta a cinco bancos por no dar uso social a su VPO

La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a cinco bancos por no ofrecer sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes. Las multas derivadas de estos procedimientos pueden ascender a 11,1 millones de euros, según ha adelantado este jueves la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), en el Parlamento andaluz.

La obligación por parte de las entidades financieras de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros municipales está fijada en la ley de VPO, integrada en la ley andaluza de la Función Social de la Vivienda, la conocida como ley antidesahucios. Las entidades expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros públicos), BBVA (29), La Caixa (32), Banco Santander (24) y Banco Sabadell (3). En el caso de BBVA, Banco Santander y La Caixa, los expedientes se han abierto por viviendas a su nombre o de sociedades inmobiliarias de su propiedad. El Banco Popular es el que se expone a la multa más elevada, de hasta 5,82 millones de euros. BBVA, a 2,4 millones; La Caixa, a 1,92; el Banco Santander, 1,44 millones; y el Sabadell, a 180.000 euros.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendidos de forma cautelar varios artículos de la norma andaluza recurridos por el Gobierno central. Pero la obligación por parte de los bancos de informar sobre sus viviendas públicas y ponerlas a disposición de los registros municipales son dos de los apartados de la ley antidesahucios que no fueron impugnados, por lo que siguen en vigor. “Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social”, recalcó Cortés, que ha desgranado las actuaciones de su departamento en respuesta a una pregunta planteada por su partido en la comisión parlamentaria de Fomento y Vivienda.

Entre los cinco bancos suman 185 viviendas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, los encargados de fijar los mecanismos de selección para la adjudicación de VPO y los requisitos socioeconómicos para el acceso a estos inmuebles. Estas entidades entregaron a la Junta el inventario de sus VPO, una obligación recogida en la ley antidesahucios. Ha sido al cotejar esa información con la existente en los registros públicos de demandantes cuando la Junta se ha percatado de que al menos 185 de las viviendas protegidas que las entidades admitían tener no constaban en los listados de sus correspondientes municipios.

Cortés ha advertido de que estas VPO no son las únicas sin asignar a los registros públicos, pero sí las que ha podido acreditar por ahora su departamento a partir de la información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan”, ha señalado la consejera.

Por provincias, hay 43 VPO afectadas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. Cada VPO protegida que no haya sido ofrecida al registro municipal puede suponer una infracción muy grave que, según la ley antidesahucios, puede acarrear multas de entre 30.001 y 120.000 euros. La Consejería que dirige Elena Cortés ha iniciado el procedimiento con la sanción media, de 60.000 euros, al no apreciar en principio ningún aspecto atenuante ni agravante de los recogidos por la ley.

El Banco Sabadell ha sido el único de los bancos expedientados que este jueves se ha pronunciado sobre la decisión de la Junta. Según fuentes consultadas por Europa Press, la entidad ha recurrido el procedimiento abierto porque entiende que ha cumplido con los requerimientos de información solicitados por la Junta, pero no con la de remitir también la información a cada uno de los Ayuntamientos. Según precisaron estas fuentes, el banco ha regularizado ya la situación informando a los registros municipales.

Los expedientes abiertos ahora se suman a los que la Junta ya había iniciado contra la Sareb (el banco malo). En este caso, la entidad se expone a una sanción de 120.000 euros por no comunicar su inventario de VPO y otra de 109 millones por no ofrecer a los registros municipales las 911 VPO de su propiedad. Según informó ayer Cortés, la Sareb ha presentado alegaciones, pero no ha respondido a los requerimientos de información formulados por la Junta, por lo que el Gobierno andaluz mantiene abiertos los expedientes.