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Demanda contra exdirectivos de Vaersa por contratos a dedo

La fiscalía pide en un proceso del Tribunal de Cuentas que devuelvan 1,9 millones de euros

La denuncia partió de CGT

El ministerio fiscal ha interpuesto una demanda contra exdirectivos y cargos de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa) en la que solicita que sean condenados a reintegrar el dinero facturado por trabajos de asesoría jurídica externa de la empresa pública, dentro de un procedimiento que se sigue por responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas.

Según ha informado CGT en un comunicado, el proceso se inició en este órgano a raíz de una denuncia de este sindicato contra los gestores de Vaersa "responsables de haber contratado a dedo servicios de asesoría jurídica que supusieron el desembolso de 1.974.964 euros".

En este caso, el ministerio fiscal ha interpuesto demanda de procedimiento de reintegro contra la exjefa de recursos humanos de Vaersa; el ex director general y la persona que ocupa actualmente este cargo, sobre los que pide que sean condenados, "como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos".

El sindicato señala en un comunicado que en enero de 2012 presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas porque en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, "la empresa pública había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación", pese a existir un convenio de la entonces Consejería de Territorio y Vivienda con Vaersa "para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior".

CGT asegura que, durante la fase de instrucción, "se ha acreditado que durante seis años se desembolsaron por parte de Vaersa 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa". En el momento de la denuncia, el sindicato subraya que exigió a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, como presidenta del consejo de administración de Vaersa, que diera "explicaciones" al personal funcionario de la Generalitat, "que sufría importantes recortes en sus retribuciones y derechos laborales".

Asimismo, le pedía que dijera "públicamente quién o quiénes eran las personas beneficiadas por la adjudicación a dedo de dichos servicios" y reclamaba que se depuraran responsabilidades. "La pasividad de la consejería para exigir responsabilidades fue total", a pesar de que la consejería admitió en las Cortes "el despropósito" y retirara "los poderes al abogado contratado a dedo", ha añadido.

Este hecho llevó a CGT a presentar denuncia ante el Tribunal de Cuentas y a personarse en el proceso para exigir la devolución de los fondos públicos. Según el sindicato, finalizado el periodo de instrucción, "se aportaron numerosas pruebas que acreditaban la presunta responsabilidad contable de altos cargos y trabajadores de Vaersa", aunque decidió finalmente dejar la acusación únicamente en manos del fiscal por los "riesgos" de condena en costas que podía existir.

No obstante, al considerar que "hay indicios de la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública", que concreta en prevaricación y malversación de fondos públicos, el sindicato ha decidido presentar también denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.