La fiscal pide que las balizas del metro se investiguen

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J) criticó ayer que la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia solo haya pedido a la fiscalía que informe sobre si hay que investigar sobre las balizas que existían en la línea 1 del metro de Valencia antes del 3 de julio, cuando se produjo el accidente que provocó 43 muertes y 47 heridos.

“Dejan al margen al resto de partes implicadas, negándoles la posibilidad de que puedan alegar también sobre la necesidad de investigarlas”, censuró la AVM3J,

La asociación realizó estas afirmaciones después de que, en un providencia fechada el 8 de marzo, la jueza requiriera al ministerio fiscal que emitiera un informe sobre si procede de nuevo entrar a debatir sobre la ubicación de las balizas de la línea 1 existentes en la fecha del accidente.

En la misma providencia, la instructora pidió a Siemens que aporte copia del contrato de instalación de las balizas existentes en la línea 1 del metro, normativa aplicable en su caso e instrucciones seguidas para su instalación y programación.

La AVM3J recordó que en el primer auto de archivo, la jueza ya indicó que una baliza hubiera evitado el accidente y si la baliza que ya estaba instalada hubiera estado correctamente programada se hubiera podido evitar el accidente.

Agotar la instrucción

En un oficio remitido al juzgado el pasado 14 de marzo, el Ministerio Fiscal entiende procedente “no cerrar ninguna línea de investigación hasta agotar la instrucción”, ya que en su opinión ese es el criterio que se desprende de la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que ordenó seguir la investigación.

El órgano judicial acordó en un auto a finales de enero la reapertura del caso del accidente de metro. La Audiencia enmendó así un auto anterior de la juez instructora, con el que archivó por segunda vez la causa el año pasado, obligándola a seguir investigando.

El descubrimiento de datos que fueron silenciados por los responsables de la Generalitat que dirigía el entonces presidente Francisco Camps fue lo que llevó a la fiscalía y a la Asociación de Víctimas a solicitar la reapertura de la causa el año pasado, cuando habían transcurrido ya siete años del trágico descarrilamiento.