Lo poco que queda del ‘Doce’

Sábado por la mañana en Cádiz. Un montón de mujeres se arremolinan a las puertas del oratorio San Felipe Neri. Van vestidas de negro, ostensiblemente maquilladas, con mantilla. Dentro del templo que hace 202 años acogió la proclamación de la Constitución de 1812 hay un acto religioso. La exaltación de la mantilla, le llaman. En el edificio anexo dos jóvenes atienden la taquilla del centro de interpretación del aquel acontecimiento histórico. Sus visitantes, escasos a esa hora, podrán ver en pantallas y paneles lo que allí se vivió. Pero no podrán asomarse al edificio donde ocurrió todo. Solo dos años después, Cádiz ha visto desvanecerse gran parte del esfuerzo hecho para recordar el Bicentenario.

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, propuso hace casi un año a todas las administraciones que estuvieron implicadas en aquella conmemoración que todos los edificios que forman parte del legado del Doce se unieran en una misma oferta cultural y turística común. Su idea es que alguna empresa explotara de forma conjunta aquellos edificios y permitiera que Cádiz siguiera presumiendo de ese reciente pasado más allá del año del aniversario especial. La intención vino recogida en un protocolo de intenciones. “Se evidencia la existencia de un patrimonio material e inmaterial de ingente valor (…) que debe ser conocido y ampliado por las generaciones venideras”, rezaba el documento.

El Estado podía aportar el castillo de San Sebastián. La Junta de Andalucía, el centro de interpretación de la Constitución de 1812. El Ayuntamiento de Cádiz, la casa de Iberoamérica. El de San Fernando, su propio centro de interpretación del parlamentarismo. El de Puerto Real, las fortificaciones del puente Zuazo. Y el Obispado, el emblemático oratorio de San Felipe Neri.

El castillo de San Sebastián, cedido al Ayuntamiento, ha sido en estos dos años escenarios de conciertos y una exposición tras una rehabilitación aún no concluida. La casa de Iberoamérica, también municipal, sí tiene una intensa actividad. Recientemente ha sido sede del primer Festival Iberoamericano de Poesía. En San Fernando y Puerto Real el legado se ha evaporado. El centro del parlamentarismo cerró sus puertas y hoy es una correduría de seguros. El ambicioso proyecto de restauración del puente Zuazo, tras años de obras, sigue cerrado sin ni siquiera haberse terminado los accesos.

El caso más flagrante es el del oratorio. La Junta invirtió más de ocho millones de euros en restaurarlo pero los entonces responsables autonómicos firmaron un protocolo que permitía a la Iglesia recuperar las llaves de ese templo desde el uno de enero de 2013. Así fue. El Obispado, lo ha convertido en un fortín para usos exclusivamente religiosos. Ahora cobra por entrar y también por ceder su uso a otras entidades. Cualquiera actividad se tiene que ceñir al culto católico. En este tiempo la Junta no ha podido llegar a un acuerdo para que la Iglesia permita las proyecciones audiovisuales en las bóvedas oratorio que tanto gustaron en 2012. El Gobierno andaluz tiene los derechos de las imágenes y el material técnico. El Obispado tiene el techo y no deja utilizarlo. De hecho, la Iglesia fue una de las primeras en negarse a firmar el protocolo de intenciones propuesto por la Junta. También lo rechazó abiertamente el Ayuntamiento de Cádiz, que nunca comprendió qué ventaja podía tener sumarse a ese proyecto. “Al menos fueron claros. Otras administraciones ni contestaron”, recuerda ahora López Gil. “Nosotros entendíamos que esa oferta común de recorrer varios sitios emblemáticos del Doce en toda la bahía era de gran interés para las empresas y para dar contenido a las visitas, por ejemplo, de los cruceristas”.

Finalmente, la Junta se ha quedado con el edificio anexo al oratorio donde permanece abierto un centro de interpretación. Y tras varios meses gestionándolo directamente con medios públicos ha decidido cederlo a manos privadas. Mañana lunes se reunirá la mesa de contratación para ver si la única empresa que se ha presentado cumple las condiciones técnicas del pliego de condiciones. Esa empresa tendrá por delante la dura batalla de negociar con el Obispado que los visitantes a este centro de interpretación sí puedan acceder, como en 2012, al oratorio con la misma entrada. Y recuperar las proyecciones en el techo. El delegado de la Junta es optimista. “A la empresa le será más fácil que a nosotros porque ellos podrán aportarles un canon de las entradas que vendan. Nosotros no ofrecíamos dinero”.