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Los grupos manifiestan su voluntad de pactar la ley de Transparencia

El consejero de la Presidencia afirma que antes de su entrada en vigor se aplicarán "de manera gradual" algunos preceptos

Manuel Jiménez Barrios.
Manuel Jiménez Barrios.

“¡Aleluya, un proyecto de ley del Gobierno andaluz!”. Con esta exclamación acogió ayer el diputado del PP Rafael Salas la discusión en el pleno del Parlamento de la futura norma sobre Transparencia Pública de Andalucía, la primera de las 28 comprometidas por PSOE e IU en el pacto de gobierno que se debate la Cámara. El PP no ha presentado enmienda de devolución, lo que augura un posible acuerdo entre las tres fuerzas parlamentarias.

La posición del PP fue conciliadora. Salas dijo estar de acuerdo “con su formulación”, aseguró que su grupo presentará enmiendas para “enriquecer el proyecto” y pidió un debate “sin demagogia” y “recovecos” y un diálogo sincero. Eso sí, no desperdició la ocasión para asegurar que se trata de una “copia” de la elaborada por el Ejecutivo central con una carencia clamorosa, según él, porque no regula el buen gobierno. Según el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, este aspecto se abordará en la reforma de la ley de Altos Cargos.

El diputado del PP puso en duda de que los ciudadanos vayan a recibir en 20 días la información que reclamen a las Administraciones cuando a los parlamentarios de su grupo se les “oculta” información. Según los populares, el Gobierno andaluz tiene pendiente de contestar 582 solicitudes de información. El Ejecutivo contextualiza que a lo largo de la legislatura se han presentado alrededor de 5.000 preguntas escritas y petición de documentación, la mayoría suscritas por el PP, y que el 80% de ellas han sido contestadas.

La principal novedad del proyecto es que todas las administraciones, ayuntamientos, entidades y empresas privadas que reciban dinero público estarán obligadas por ley a dar información a los ciudadanos que la reclamen en un plazo de 20 días. También se someterán a la ley los partidos políticos, las ONG, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Igualmente las empresas privadas que sean adjudicatarias de contratos con el sector público o que reciban algún tipo de subvención.

Jiménez Barrios sostuvo que se trata de una “norma para imprimir ejemplaridad a la vida pública” y más avanzada que la ley estatal, al establecer un capítulo de sanciones que alcanzan hasta los 400.000 euros. En una entrevista en Canal Sur Televisión, el consejero afirmó que algunos aspectos de la ley se aplicarán “gradualmente”, sin esperar que entre en vigor la ley, al año de su publicación en el BOJA.

Para el portavoz de IU, José Antonio Castro, la ley es una especie de antídoto contra la corrupción, por lo que sería “improbable” que se diera un caso como el de los ERE sin que nadie se diera cuenta de ello. La socialista Verónica Pérez dijo que será una ley “útil para recuperar el clima de confianza ante casos bochornosos” como los que, según ella, protagoniza el PP.